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Buscan legisladores blindar a inversionistas ante fraudes
El Congreso local analiza opciones para fortalecer las leyes y evitar que nuevos casos de estafas inmobiliarias dejen cientos de víctimas
Por José Luis Marroquín | 07 Agosto 2026
Ante la incertidumbre de cientos de personas que han sido víctimas de fraudes inmobiliarios y de sociedades financieras (Sofomes), y que buscan recuperar el dinero invertido, diputados locales coincidieron en que es necesario crear mecanismos legales que permitan la reparación inmediata del daño.
Javier Caballero, presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública del Congreso local, señaló que el delito de fraude ya está contemplado en el Código Penal del Estado; sin embargo, reconoció que aún hacen falta mecanismos que agilicen la recuperación de los recursos perdidos por las víctimas.
“Hemos estado muy al pendiente de empezar a regular las preventas, sobre todo todos estos mecanismos de fraude, en una materia en la que Nuevo León, desafortunadamente, ocupa el primer lugar. Creo que es un llamado de atención para que busquemos soluciones entre todos".
“Hoy lo penal lo tenemos cubierto y respaldado de alguna manera, pero lo que falta es un mecanismo que permita la devolución pronta del dinero, y en eso vamos a trabajar”, agregó.
El Horizonte publicó el miércoles que una constante en los grandes fraudes inmobiliarios y de inversión registrados en Nuevo León es que, en la mayoría de los casos, los presuntos responsables han sido detenidos por la Fiscalía General de Justicia del Estado; sin embargo, las víctimas no han logrado obtener la reparación del daño.
En los últimos tres años, en la entidad se han registrado 10 megafraudes que han afectado a más de 1,600 personas, con un monto estimado de hasta $12,500 millones de pesos.
Sandra Pámanes, coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano, señaló que no solo es importante que existan sentencias contra los responsables, sino también revisar la legislación para evitar que este tipo de delitos siga ocurriendo.
“Es muy importante que haya una sentencia, porque hay cientos de familias afectadas por este tipo de fraudes, que en un principio parecen muy atractivos, especialmente para quienes invierten sus ahorros, y que al final terminan perdiéndolo todo".
“Espero una acción muy contundente por parte de la Fiscalía, pero también tenemos que revisar nuestro marco legal para garantizar que no existan lagunas o espacios que permitan a estas personas evadir su responsabilidad. Debemos analizar nuestro Código Penal, porque cada vez es más frecuente observar este tipo de conductas”, expresó.
Por su parte, Carlos de la Fuente, coordinador de la bancada del PAN, consideró que para que las víctimas puedan recuperar su inversión es indispensable que presenten las denuncias correspondientes y den seguimiento a los procesos, a fin de que la Fiscalía pueda cuantificar el daño total.
“Creo que en varios de los proyectos involucrados existen terrenos y construcciones que podrían ponerse a la venta para reparar, al menos de manera proporcional, una parte del daño. Sin embargo, lo primero, y también lo más complicado, es dimensionar el alcance real de las afectaciones”, señaló.
“Aún no hemos concluido el proceso de que todos los ciudadanos afectados presenten sus denuncias ante la autoridad correspondiente. Solo así la Fiscalía podrá contar con una cuantificación total del daño y determinar la reparación que deberá realizarse”, agregó.
