Fracasa reinserción social en Nuevo León

El rapto y asesinato de la niña Ana Lizbeth Polina Ramírez, cometido por un sujeto que ya había sido encarcelado por violación, y luego una vez más acusado y buscado por el mismo delito, pone al descubierto que en Nuevo León, como en el resto del país impera un sistema penitenciario fallido, donde la readaptación social brilla por su ausencia.

Según la propia CNDH  en el análisis “Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016”, los penales del estado reprueban en gobernabilidad, con 4.74 de calificación; en garantizar la integridad física y moral del interno,obtuvieron 4.73 puntos y en ser instancias dignas apenas alcanzaron una calificación de 5.9 de 10 posibles.

En ese sentido, voces señalan la responsabilidad de las autoridades por no dar a los penales la atención necesaria para garantizar un espacio que les permita reinsertarse, sino que al contrario, se convierten en escuelas del crimen.

A nivel nacional, según una encuesta ENPOL del INEGI, el 25.9% de la población privada de la libertad en 2016, había enfrentado algún proceso penal anterior al que determinó su reclusión actual, de los cuales 60% estuvo sentenciada por robo;  12.9% por posesión de drogas y 1.5% por violación. 

“Aunque los centros penitenciarios en nuestro estado dicen que son para readaptación y favorecer la reinserción social, (en realidad) son un caldo de cultivo para que las personas que están dentro se agraven, tanto sus padecimientos psicológicos y psiquiátricos y antisociales” señala el experto en psicología, José Francisco Sánchez, quien recalcó que se necesita una restauración psicológica para pasar posteriormente a la reinserción social.

La muerte de la pequeña Anita es un hecho “inaceptable”, afirmó la hermana Consuelo Morales, líder de Cadhac, quien a su vez lamentó la existencia de fallas en el protocolo del GEBI (Grupo Especial de Búsqueda Inmediata)  instaurado desde la administración pasada.

“Se ha trabajado mucho, se ha pagado ya el precio con muchas vidas, para que ya ahorita, una vez más una niña sea desaparecida y la manera en cómo se ha encontrado sea muerta. No se justifica”, declaró.

Pero no solo hubo fallas en el búsqueda de la víctima, sino en la localización del responsable, señaló Ernesto Cerda, director del  Instituto Ciudadano de Estudios Estratégicos (Incide).

 El activista dijo que este hecho lamentable fue favorecido por una justicia laxa donde no le dan seguimientos a las personas que enfrentaron procesos penales.

“El problema es que las autoridades que inician las carpetas de investigación, las acusaciones. La verdad le dan muy poca atención y eso hace que quienes cometen delitos a través de juicios logren reducir las condenas e incluso salir, no obstante la peligrosidad”, señaló Cerda Serna.