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Perdona gobierno a taxistas piratas

Operativos de la Agencia Estatal de Transporte se enfocan más en conductores de apps móviles

Por EH | 15 Febrero 2019

Si bien, el gobierno estatal ha afirmado que combatirá de manera unilateral a todos los servicios de taxis que no tengan permiso oficial, en la práctica sólo “ataca” a un grupo en particular, pues en las últimas semanas, la Agencia Estatal del Transporte ha concentrado sus operativos contra los choferes de aplicaciones móviles como Uber o DiDi.


La autoridad estatal argumenta que es ilegal que choferes privados estén haciendo base para esperar pasaje, pues esa función sólo está permitida para taxis que obtienen un permiso estatal; por ello, han detenido y puesto fuera de circulación a más de 60 unidades que prestan el servicio vía app.


En cambio, los taxis pirata, que también carecen de permiso otorgado por el gobierno, funcionan “a sus anchas” en la metrópoli regia, según reveló un recorrido de El Horizonte.


De hecho, existen sitios definidos donde unidades pirata operan a la luz del día y a la vista de las autoridades, algunos de ellos, incluso, ofrecen servicio colectivo.


Es el caso de la base en avenida San Roque, casi en el cruce con Eloy Cavazos, por la lateral de Soriana San Roque; otro punto es la que se ubica en el libramiento Julio Cisneros y Francisco Naranjo, frente a Smart, pues aunque no estén estacionados, autos particulares se meten al estacionamiento a ofrecer el servicio.


Uno de los sitios que opera bajo la modalidad de servicio colectivo es el ubicado frente a Soriana Valle Soleado, por la Carretera a Dulces Nombres, en Guadalupe, pues con una cuota de $15 a $25 pesos, por persona, dependiendo el día y horario, se traslada a usuarios a la colonia Valle de Santa María en el municipio de Pesquería.


Historias como éstas se replican en otras zonas de la metrópoli, como en Monterrey, en la calle Francisco Beltrán y Antonio I . Villarreal, en la colonia Madero; así como en Escobedo, sobre la avenida Raúl Salinas.


Ante ello, ciudadanos y operadores que ofrecen sus servicios a través de estas aplicaciones coinciden en la “cacería” de las autoridades estatales contra un medio de transporte que, de momento, les brinda más seguridad, calidad y confianza.



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