Truenan regios contra preventas: Compradores nunca están seguros
Abogados consultados por El Horizonte calificaron estos pactos como un ‘hoyo negro legal’ y piden legislar sobre el tema
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Marzo
2025
El esquema de preventas de departamentos en la zona metropolitana de Monterrey se ha tornado en un "campo minado" para quienes adquieren un inmueble de este tipo, porque, aunque lo paguen, existe la posibilidad de que no se lo den.
Además, también hay constantes quejas contra las entregas, ya que los retrasos son comunes, así como el incumplimiento de condiciones como el equipamiento.
Lo peor de todo es que la propiedad no es segura para el comprador, porque las transacciones no son un contrato de compra-venta, sino que se sostienen sólo en la figura de “oferta de compra”, que puede ser rechazada en cualquier momento. En cuyo caso, aunque regresen el dinero, el cliente pierde la plusvalía de lo que invirtió y también el inmueble.
Así, el esquema de preventas da “manga ancha” a que el proveedor cometa abusos, como cobrar enganches o el costo del inmueble, y al final termine diciendo que no les va a vender y les regresa el dinero o un porcentaje de este.
Abogados le dijeron a El Horizonte que este tipo de pactos son un “hoyo negro legal”, por lo cual debe de legislarse al respecto; en la actualidad, dijeron, los afectados podrían buscar alternativas legales para enfrentar el abuso.
Tal situación ya les ocurrió a clientes de desarrollos como Torres Tres Puertas, de la desarrolladora Stiva, o Torre Sikara, de Grupo Veme Casas, el cual se la compró a Mach Construye.
En el caso de Torres Tres Puertas, ubicada avenida Puerta del Sol, casi esquina con Rangel Frías, en San Jerónimo, Monterrey, el lunes de la semana pasada, un grupo de por lo menos 10 clientes recibió la notificación de que siempre no les van a vender los departamentos, por los cuales ya habían pagado casi $1 millón de pesos en los últimos cuatro años.

La empresa Stiva, de Adrián González Lozano, los dejó perplejos al mandarles decir que pasaran por su dinero, a pesar de que todavía en enero pasado les dijeron que estaban por entregarles el inmueble.
En el caso de Torre Sikara, ubicado en Paseo de los Leones, número 1,001, en la colonia Cumbres Madeira, a los dueños de un departamento les salió con lo mismo tras siete años de postergar la entrega, pero su caso es peor porque les dijeron que sólo les van a pagar el 70% de los $1,1 millones de pesos que dieron de enganche y primeros pagos.
Testimonios recabados por El Horizonte de los afectados afirman que hay sospecha de que las desarrolladoras ahora quieren sacar más dinero de los inmuebles porque ya terminados cuestan más caros.
En el caso de Torres Tres Puertas, el costo original era de $3,5 millones de pesos y actualmente los están vendiendo en $6 millones de pesos, es decir, casi el doble.
El pasado miércoles 5 de marzo, El Horizonte dio a conocer que unos 50 clientes de Torre Novus acusan fraude porque la empresa DAGS, de Gus Marcos, no les quiere respetar el compromiso de entregarles sus departamentos con equipamiento valuado en unos $400,000 pesos, tal como habían acordado con Grupo IDEI, de Alberto de la Garza Evia, que era el anterior dueño del desarrollo.
En respuesta, Marcos dijo que él había “rescatado” el proyecto, pero nunca respondió si le cumplirá a sus clientes.
Sí, se puede dar pelea
El abogado experto en derecho civil, Gamaliel Garza, señaló que las “ofertas de compra” se han convertido en una trampa en la que siempre ganan los desarrolladores inmobiliarios, pero señaló que hay posibilidades de dar la pelea jurídica.
Señaló que dichos pactos pueden equivaler a un contrato de compra, que sí está regulado en la ley.
“Lo que se podría hacer es demandar, ya sea una de dos opciones: demandar, número uno, la rescisión contractual, porque si bien es cierto que lo manejan como una oferta de compra unilateral, la verdad es que lo hacen para encubrir el tema, que es que existe una promesa de compraventa".
“Entonces, lo que se tendría que hacer, en un determinado momento, ante las autoridades jurisdiccionales, ante las autoridades judiciales, es demostrar que existió ese contrato y entonces después demandar lo de la rescisión contractual y, con ello, la respectiva indemnización, o en su caso sería demandar el cumplimiento forzoso".
“Entonces, eso es un hecho, y es bastante ‘peleable’ dentro de la vía legal en los estados civiles”, indicó.
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