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Opinión

430 Consultorios en el papel, 243 en la fila

Protágoras

La noticia llegó con cifra redonda y moño federal. 

El secretario de Salud de Tamaulipas, Ricardo Gerardo Guerrero Morales, anunció que a partir de enero de 2027 el estado tendrá consultorios del Servicio Universal de Salud. Es la apuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y el gobernador Américo Villarreal Anaya la abraza como propia porque, siendo médico, sabe que la salud da votos, pero también cobra facturas. 

Si uno hace cuentas con calma, los números no cuadran. El comunicado habla de 243 consultorios y 219 unidades en la primera etapa, lo que suma 462, más de lo prometido. Hace unas semanas la directora de Planeación del Sector Salud, Loyda Ramírez López, aclaró que en esa primera etapa se aceptaron 243 consultorios repartidos en 39 municipios. Tamaulipas tiene 43, así que cuatro municipios se quedan por ahora mirando desde la banqueta, y casi 190 consultorios siguen viviendo solo en el discurso. 

Hay otro detalle que nadie subrayó. En lo nacional se ha dicho que cada consultorio tendrá 60 medicamentos básicos, pero aquí se presumen 90 claves. ¿Tamaulipas pondrá la diferencia de su bolsa o alguien se adelantó con la cifra? La pregunta importa, porque los centros de salud del estado reportan hoy un abasto de 85 por ciento, o sea que en sus anaqueles ya falta casi una de cada siete medicinas. 

Abrir más puertas sin llenar los cajones puede convertir la buena noticia en una fila más larga frente al mismo estante vacío. Falta hablar de la gente. Un consultorio sin médico es un cuarto con escritorio, y el gobierno federal ya está invitando a doctores jubilados a regresar al servicio, lo que dice mucho de lo difícil que será conseguir personal para el Tamaulipas rural, donde los médicos jóvenes no quieren ir por miedo o por sueldo. 

Con las elecciones de 2027 y 2028 en el horizonte, estos consultorios también serán vitrina política, y eso no tiene nada de malo si de verdad funcionan. Lo sano sería que la Secretaría de Salud publicara la lista de los 243 consultorios con su municipio, su médico asignado y su surtido real, para que cualquier tamaulipeco pueda ir a comprobar que la promesa tiene dirección y no nada más fecha.

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DIEZ DÍAS PARA QUE EL CIUDADANO NO SE CANSE

En Tamaulipas cualquiera puede denunciar a un funcionario que se pasa de listo, pero a partir de ahora el reloj corre en contra del que denuncia. 

El Congreso aprobó la reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas que impulsó el diputado de Morena Isidro Jesús Vargas Fernández, representante del Distrito 12 con sede en Matamoros. Con ella, quien acuse una irregularidad tendrá diez días hábiles para completar pruebas cuando la autoridad se lo pida, y si no responde, su expediente se archiva. Contado así suena a orden y eficiencia, pero vale la pena ver quién gana con el cambio. Quien decide si una denuncia “no trae elementos suficientes” es la misma autoridad investigadora, y muchas veces es un órgano interno de control que depende del mismo jefe del funcionario señalado. Esa autoridad pide más papeles, el ciudadano común que no tiene abogado ni acceso a documentos oficiales no alcanza a juntarlos en dos semanas, y el caso se va al archivo sin que nadie investigara a fondo.

La carga de la prueba se le pasa al que denuncia, cuando lo lógico sería que la investigara quien tiene facultades, personal y presupuesto. También queda un cabo suelto con las denuncias anónimas. La ley dice que se seguirán aceptando y que la identidad de quien denuncia estará protegida, pero el requerimiento solo procede “cuando sea posible localizar” al denunciante. 

¿Qué pasa con quien no da la cara por miedo? Nadie ha explicado si esos casos se investigan de oficio o se quedan en el limbo. Hay otro efecto del que casi no se habla, que son las estadísticas. Con esta regla, los expedientes viejos que nadie movía pueden cerrarse de un plumazo, y en los informes anuales la cifra de casos “concluidos” va a subir aunque ningún servidor público haya sido sancionado.

El Congreso debería completar la reforma obligando a las contralorías a publicar cada año cuántas denuncias archivaron por falta de respuesta y en qué dependencias. Si los diez días son para ordenar la casa, que se note. Si solo sirven para cansar al ciudadano, Tamaulipas no ganó una ley anticorrupción, sino una puerta más para dar carpetazo.

¡¡Yássas!!

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