En los últimos años, la venta de vehículos en las agencias automotrices de Nuevo León se desplomó. Otros sectores salieron airosos de las oscilaciones de la economía nacional, pero las agencias automotrices —más bien productores y distribuidores— parecían vivir aquí una crisis que no se reproducía en otros estados del país. ¿Por qué?
Doy la revelación del misterio. Comencemos por hacer un recuento de daños. La caída primero tuvo una explicación, si no lógica, al menos comprensible: la pandemia de COVID-19, que nos obligó a inmovilizarnos en nuestras casas. Los carros se quedaban estacionados en las cocheras. Ni modo.
Pero la crisis se mantuvo. De manera que, más que una crisis, ya era una tendencia a la baja que parecía no tener freno. Se lo comenté directamente a Marcelo Ebrard en una gira que hizo a Monterrey. Curiosamente me dio la razón.
El motivo había que buscarlo, como siempre, en el maldito centralismo mexicano.
Al entonces presidente AMLO se le había ocurrido regularizar los autos importados que hasta la fecha no estaban registrados.
¿Para qué comprar un carro de agencia o a un particular, con un vehículo fabricado aquí, si era mejor jugársela comprando un carro “chocolate”?
Primero salió un acuerdo para siete estados, incluido el nuestro; luego se multiplicaron las entidades “afortunadas”.
Finalmente, se echó tierra al féretro. Sobre el acuerdo se aplicó un decreto presidencial, publicado a principios del 2022, para legalizar 3.5 millones de vehículos importados en situación irregular, con su posterior ratificación. Sobre el muerto, las coronas; o sobre la burla, el escarnio.
Los millones de vehículos que se regularizaban por el Estado los perdían las agencias y las fábricas. Por consiguiente, vino la caída de ventas, la salida del país de varias marcas fabricantes de vehículos y el desempleo. Abonamos desde el gobierno al comercio informal. Así de simple.
El decreto se fue inexplicablemente estirando con el paso de los años. Los autos chocolates propiciaron la corrupción. Y ya se sabe que en México la corrupción no es un delito, sino una costumbre; no una falla, sino una vocación. Dicho de otro modo, la corrupción es casi un deporte olímpico. Y legalizar lo chueco es una buena oportunidad para esa práctica tan “costumbrista”.
Cinco días antes de irse a Tabasco y dejar la presidencia, López Obrador todavía se dio el lujo de estirar otro poquito su decreto, en septiembre de 2024. “Poquito” es eufemismo: en realidad lo extendió hasta diciembre de 2026.
¿Qué hace ahora la presidenta Sheinbaum? Abrogar el decreto de su antecesor. El pasado diciembre de 2025 todavía se registraron bajas ventas en los vehículos para uso familiar.
La noticia no solo fue recibida con aplausos por la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA). Todos los mexicanos de buena voluntad —los hay, aunque no parezca— aplaudimos la medida. Ojalá el remedio no llegue tarde.