De manera confidencial, en Nuevo León estuvo hace unos días John K. Hurley, subsecretario del Tesoro de EUA para Terrorismo e Inteligencia Financiera.
No fue una visita protocolaria ni de cara a los medios. Fue una agenda de presión, estratégica, dispuesta a configurar una plataforma coercitiva, donde las instituciones financieras mexicanas se sometan a los dictados norteamericanos para bloquear el acceso de cárteles al sistema bancario de EUA.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), cuyo titular ya es un hombre extremadamente calificado, Omar Reyes Colmenares — a diferencia del anterior, el incapaz Pablo Gómez— , quiso matizar el golpe con el argumento de que este operativo antilavado a gran escala es solo de carácter preventivo y no legal. Sin embargo, los hechos apuntan hacia otro lado.
La dimensión del arribo de una figura preponderante en el espectro geopolítico y económico como lo es John K. Hurley fue de mayor rango en términos de fijar postura en una relación bilateral asimétrica, que incluso rebasó en importancia a la visita casi simultánea del Primer Ministro de Canadá Mark Carney.
Y no fue casualidad que este recorrido presencial que incluyó San Pedro por parte de Hurley a instituciones ya imputadas por el FinCEN y otras que vendrán a ocupar un espacio entre las listas negras de antilavado que se abultan día con día, se hiciera en el marco del retorno a México de Hernán Bermúdez Requena, alias “el abuelo” o “Comandante H.” presunto culpable de cooptación por el crimen organizado y acusado de liderar la banda delictiva La Barredora, en Tabasco, en el contexto del proceso que se sigue a la carpeta de investigación del huachicol fiscal donde la trama se ubica en Nuevo León tras la muerte hace algunos años del empresario Sergio Carmona, con el incendio misterioso de empresas de aceite así como con el repliegue de compra de Vector, actor clave en el ecosistema de Casas de Bolsa, que estaba a punto de ser adquirida por Mifel y coincidentemente, de última hora, se suspendieron todas las negociaciones, tras el arribo de John K. Hurley.
¿Qué viene para el sistema financiero mexicano en las próximas semanas? Exponenciar las medidas ya de por sí trepidantes de imputar a Vector, CI Banco e Intercam, pero además, sacudir el entramado criminal que se abrió apenas superficialmente por el Departamento del Tesoro de EUA con el bloqueo administrativo a 15 personas morales y 7 personas físicas, señaladas por la UIF pero en realidad por la Oficina de Control de Activos Extranjeros — OFAC, por sus siglas en inglés: Office of Foreign Assets Control — organismo que en sus operaciones depende directamente de Hurley y que en los próximos días — se los adelanto en esta columna como primicia nacional— procederá a congelar activos, prohibir transacciones financieras y comerciales a otros 15 objetivos en México, varios de los cuales tienen su domicilio fiscal justamente en Nuevo León. Recuerden que lo leyeron aquí primero. El abanico de la persecución legal apenas comienza a desplegarse. Viene lo más convulso y escandaloso. ¿Quiénes son los siguientes señalados que pasarán al frente?