¿Acabar con refinerías de huachicol como en Cadereyta?

Antes bastaba con perforar ductos para robar combustible. Hoy ya no. 

Existen refinerías clandestinas como la desmantelada en Cadereyta o la de Reynosa —a escasos metros de un cuartel de la Guardia Nacional—, con instalaciones capaces de procesar miles de barriles diarios, tanques, tuberías, patios de maniobra y decenas de pipas, operando a la vista de todos.

La de Cadereyta yacía a escasos kilómetros de la refinería de Pemex. Si nadie la vio, es porque nadie quería verla. Funcionaba a cielo abierto bajo la fachada de un negocio de grúas. Quienes transitaban por la zona la veían. Quienes revisaban imágenes satelitales podían identificarla. Sus emanaciones podían olerse. 

Lo que faltó no fue información. ¿Entonces?

Lo mismo en Reynosa: cuatro millones de litros asegurados en una instalación compleja. Otra vez, sin un solo detenido.

Si se quiere terminar con estas refinerías clandestinas, no basta con perseguir a quien produce el combustible ilegal. Hay que atacar, sobre todo, a quien lo compra, lo financia y lo factura de manera fraudulenta. 

El error ha sido atacar la oferta sin tocar la demanda. Así no se puede. 

Sin clientes, ninguna refinería de huachicol sobrevive. Nadie invierte millones de pesos en infraestructura si no existe un mercado dispuesto a comprar ese combustible. 

Si se quisiera, ya se habría tipificado como delito grave la compra de hidrocarburos de procedencia ilícita. 

Gasolineras, transportistas, constructoras, mineras, industrias y cualquier gran consumidor tendrían que acreditar el origen legal de cada litro. Quien no lo haga, debería enfrentar responsabilidad penal y la extinción de dominio sobre instalaciones, cuentas bancarias y demás activos.

Luego viene el facturaje. Si existen empresas fachada que emiten comprobantes fiscales aparentemente legales, el combustible robado seguirá entrando al mercado formal. 

¿El remedio? Simple: reformar la Ley del Impuesto sobre la Renta para que toda factura relacionada con hidrocarburos sea validada contra la infraestructura real del contribuyente: almacenamiento, permisos, personal, transporte y operación. Si los datos no coinciden, que se cancele el sello digital. Punto. 

Ahora bien, de nada sirve lo anterior si no se crea una Fiscalía Especializada en Robo y Refinación Clandestina de Hidrocarburos, con acceso a los sistemas de Pemex, aduanas, SAT y Guardia Nacional. 

Anticipo un riesgo: parte del mercado podría desplazarse hacia circuitos informales, difíciles de rastrear. Por eso, el cierre del grifo financiero y fiscal debe acompañarse de un monitoreo de inteligencia que detecte patrones de consumo no declarado y redes de distribución emergentes.

El crimen organizado opera como empresa. La respuesta del gobierno federal debe funcionar también como empresa. 

No nos hagamos bolas. La refinería ilegal de Cadereyta es un modelo de negocio. Y los modelos de negocio no desaparecen decomisando una planta: o dejan de ser rentables o se levantan en otra parte. La única forma de extinguirlos es volverlos inviables. Y eso empieza por asfixiar su cartera de clientes.