Cuando Américo Villarreal Anaya asumió la gubernatura, recibió una corporación policial que la sociedad tamaulipeca miraba con recelo.
Él mismo lo recordó en la ceremonia por el cuarto aniversario de la Guardia Estatal: aquella policía, en lugar de procurar la paz y proteger, sembraba miedo. Cualquier balance honesto debe partir de ahí. Una institución que acumuló décadas de abandono, infiltración y desconfianza no se transforma en cuatro años; empieza a transformarse, y eso ya es un mérito.
Los números respaldan el relato oficial
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta una reducción de 22 por ciento en los delitos de enero a octubre, frente al mismo periodo del año anterior. A ello se suman 54 camionetas para tránsito estatal, estaciones seguras y delegaciones municipales; la renovación de equipo, uniformes y tecnología, y una carrera policial que hoy entrega ascensos por puntuación y no por cercanía con el mando.
Tampoco es menor que una sección de mujeres realizara, por primera vez, la salva de honor frente al Muro de los Caídos: las instituciones también cambian desde sus símbolos. Conmemorar es justo. Pero una conmemoración que no nombra sus pendientes corre el riesgo de volverse autocomplacencia, y la seguridad de Tamaulipas no admite ese lujo.
El primer pendiente es salarial
El aumento llegó después de una década sin incrementos reales, repartido en tres asignaciones de mil pesos. Es un avance, pero insuficiente para una entidad donde el riesgo del oficio sigue siendo alto. Un salario digno no es sólo justicia laboral: es la primera barrera contra la corrupción.
El segundo son las condiciones de trabajo. Elementos de la Guardia han reclamado viáticos, bonos de riesgo y días de descanso. Las jornadas extenuantes y las comisiones foráneas desgastan precisamente a quienes sostienen las cifras que hoy se celebran.
El tercero tiene rostro de mujer. La mitad de quienes aspiran a ingresar son mujeres o madres solteras, pero la corporación todavía no cuenta con mecanismos visibles e independientes contra el hostigamiento, ni con protocolos claros de protección a la maternidad o estancias infantiles compatibles con turnos de 24 horas. La denuncia pública de los padres de una joven policía que, según su versión, fue obligada a patrullar estando embarazada como represalia por rechazar el acoso de un mando debe investigarse a fondo y convertirse en un punto de inflexión.
El cuarto es la depuración. Casos como el de Reynosa, donde cámaras de vigilancia exhibieron a elementos presuntamente involucrados en un secuestro, recuerdan que la confianza ciudadana se construye todos los días y puede perderse en un solo episodio.
El gobernador ha dicho que la ley y el Estado de derecho deben legitimar la autoridad y el desempeño de la Guardia. Tiene razón. El siguiente paso es que esa misma legalidad proteja, con igual firmeza, a quienes portan el uniforme. En cuatro años, la Guardia Estatal demostró que puede cambiar; el reto del quinto es demostrar que el cambio llegó para quedarse, también hacia adentro.
¡¡Yássas!!