En México, la extorsión es el combustible de la delincuencia organizada. Productores, comerciantes y empresarios viven bajo la sombra de una amenaza que ha transformado la actividad económica en una pesadilla. Sin embargo, resulta inadmisible y profundamente alarmante que el delito no siempre provenga de las sombras, sino de quienes portan placa y uniforme. En San Pedro, García y Ciénega de Flores, la autoridad ha dejado de ser protectora para convertirse en predadora.
Las denuncias recientes del sector transportista no son simples quejas por multas injustas; son señalamientos de un modus operandi criminal. Bajo el amparo de reglamentos municipales que a menudo contradicen las leyes estatales, elementos de tránsito han convertido las vialidades en aduanas personales.
El arma predilecta es la amenaza del corralón. No se trata de una medida de orden vial, sino de un mecanismo de coacción: cuotas que oscilan entre los 10,000 y 20,000 pesos para evitar el arrastre de grúas, cuyos costos son tan excesivos como discrecionales. Resulta inverosímil que en municipios con presupuestos de seguridad históricos, como San Pedro Garza García, se permita que arterias vitales como la Avenida Lázaro Cárdenas se conviertan en "zonas rojas" de corrupción oficial.
Mientras los transportistas alzan la voz, las instituciones responden con la parsimonia de la burocracia. Por un lado, la Fiscalía General de Justicia, encabezada por Javier Flores Saldívar, se escuda en la falta de denuncias formales. Por el otro, el Gobierno del Estado apela a la "buena voluntad" de los alcaldes para implementar cámaras corporales (bodycams), como si la legalidad fuera opcional.
¿Qué sucede con la Mesa Metropolitana? Se supone que este es el espacio para coordinar la metrópoli, pero ante el robo descarado en las calles, los alcaldes señalados han optado por el silencio administrativo o la cínica defensa de sus "operativos de rutina". ¿Quién llamará a cuentas a estos funcionarios? La seguridad no puede seguir siendo un botín político ni recaudatorio.
A nivel nacional, se implementan medidas como la vinculación de líneas celulares a la CURP para frenar la extorsión telefónica, pero ¿cuál es el candado contra la autoridad corrupta? La extorsión oficial carece hoy de consecuencias graves que actúen como un freno real.
Nuevo León no puede aspirar a ser un referente global de inversión ni una sede digna para un Mundial si sus carreteras son territorio de asalto legalizado. Debemos dar seguimiento puntual a las mesas de trabajo de la Fiscalía y exigir que la autoridad cumpla con su único fin: proveer seguridad, no cometer delitos. La gran pregunta sigue en el aire: ¿En dónde están los alcaldes?