Hace 22 años, la ciudad de Saltillo abrió las puertas a un mecanismo novedoso para la administración de su sistema de agua potable: la constitución de una empresa mixta en la cual participa un socio privado a quien se encargó la administración del modelo.
El operador privado escogido para asociarse fue Aguas de Barcelona, empresa de origen español hoy integrante de la multinacional Veolia –de origen francés–, con amplio conocimiento en la gestión de sistemas de agua en distintas partes del mundo.
Cuando se tomó la decisión la ciudad venía de un largo periodo caracterizado por las protestas ciudadanas en época de calor. Ver amas de casa cerrando calles en reclamo por la falta de agua en sus domicilios fue una imagen común en el paisaje saltillense hasta bien entrada la primera década del siglo.
La historia cambió drásticamente a partir del inicio de operaciones de Aguas de Saltillo, la empresa producto de la alianza –pactada por 25 años– con los socios ibéricos. Y eso se nota, todavía más, desde la crisis de abasto padecida por el área metropolitana de Monterrey en 2022.
Porque, a diferencia de las noticias generadas en cualquier ciudad a 300 kilómetros a la redonda de la capital coahuilense, en Saltillo no hay problema de abasto y es difícil encontrar alguien a quien le haya fallado el suministro por causas atribuibles al organismo operador. Este año, en el cual se padeció una inusual ola de calor, algunas colonias de Saltillo acusaron desabasto, pero apenas durante unas horas.
Para decirlo con mayor claridad: la experiencia ha sido buena y, con independencia de la posibilidad siempre existente de mejorar los resultados, sería mezquino otorgarle una calificación reprobatoria.
Justamente por ello resulta poco explicable el atropellamiento –el cual araña las fronteras del desaseo– con el cual la asamblea de accionistas y el consejo de administración de Agsal planteó, la semana pasada, la posibilidad de prorrogar por siete años y medio el actual contrato vigente.
No sólo eso: el tema intentó ser camuflado con la presentación de un “Plan extraordinario contra la sequía”, de acuerdo con el cual se proyecta una inversión importante para renovar un acueducto, realizar trabajos de interconexión de redes y perforar nuevos pozos.
Lo peor de todo: el tema no saltó a la luz porque el Consejo de Administración de Agsal, o el gobierno municipal de Saltillo, o la Gerencia de Agsal hubieran comunicado con eficacia el asunto, sino porque en una cuenta de X –antes Twitter– “se filtró” –el jueves pasado– el oficio remitido al cabildo de Saltillo por el presidente del Consejo de Administración de Agsal, Ernesto López Denigris, solicitando la extensión de la sociedad.
El tema tendrá ya, para cuando usted lea estas líneas, cinco días en el ambiente de la capital coahuilense, y nada realmente extraordinario ha ocurrido. No se ha generado un acalorado debate sobre el tema y no se ven nubarrones de tormenta en el horizonte.
Justamente por ello, “el modito” con el cual se han hecho las cosas llama la atención. Porque el hecho de no estar observando acaloradas reacciones en este momento no implica la imposibilidad de ver el tema convertido en una agria discusión mañana… justo debido a la ruta escogida para procesarlo.
Al contrato actual le quedan aún tres años de vigencia; la posibilidad de prorrogarlo se encuentra prevista en la ley, lo cual lo convierte –o podría convertirlo- en un asunto de mero trámite y, sobre todo, los resultados de la asociación hablan por sí solos… y para bien.
¿Cuál era la necesidad de ensuciar el tema intentando colar por la puerta de atrás un asunto de la mayor relevancia para el futuro de la comunidad saltillense y de interés para la región?
El ejemplo de Aguas de Saltillo es, hoy por hoy, un modelo para exportarse, un ejemplo contundente de cómo darle la vuelta a un problema complejo y dotar de sustentabilidad a la administración de un recurso vital. Pero con el estilito escogido para prorrogar su vigencia, la opinión pública podría modificarse.
@sibaja3