En días recientes, el nombre de México volvió a aparecer en los reportes del FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network), la unidad de inteligencia financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Esta vez, tres instituciones financieras mexicanas los bancos Intercam y CI Banco, junto con la casa de bolsa Vector fueron mencionadas por presuntas irregularidades en la prevención del lavado de dinero.
Aunque no se trata de sanciones formales, el señalamiento pone en entredicho los controles del sistema financiero mexicano y enciende focos rojos en la relación económica bilateral con Estados Unidos.
Estados Unidos ha sido particularmente estricto en vigilar la integridad de los sistemas financieros que interactúan con el suyo.
Cualquier sospecha de que bancos o intermediarios financieros faciliten operaciones ilegales puede traer consecuencias directas en los flujos de capital. Para México, esto podría traducirse en un freno a la inversión extranjera directa (IED), especialmente la que involucra operaciones financieras sofisticadas o que dependen de bancos con exposición internacional.
Además, este tipo de señalamientos afectan la reputación país. Aunque los bancos señalados no son los más grandes del sistema, su inclusión en reportes del FinCEN da un mensaje preocupante: aún existen fisuras en los controles contra el lavado, lo cual puede derivar en mayores requisitos regulatorios para transacciones entre instituciones mexicanas y estadounidenses.
Pero hay una pregunta de fondo más delicada: ¿esto afecta la continuidad del TMEC, el tratado que rige el comercio entre México, Estados Unidos y Canadá? En principio, el TMEC no se vería comprometido por estos casos aislados, pero sí se erosiona la confianza política y económica, justo cuando nos encontramos a un año de su revisión formal. El tratado, recordemos, no es automático: su renovación implica negociaciones y condiciones.
La lucha contra el lavado de dinero y la transparencia financiera forman parte de los compromisos estructurales que México asumió en este marco. Si estos casos se acumulan o no son atendidos con contundencia por la autoridad mexicana, pueden ser utilizados como argumento político por sectores estadounidenses que buscan endurecer condiciones o incluso replantear la continuidad del acuerdo. El reto, por tanto, es claro: México debe reaccionar con firmeza.
No basta con negar o matizar los reportes; se requiere una respuesta institucional que refuerce la supervisión financiera, fortalezca la UIF y coopere abiertamente con autoridades estadounidenses. No es solo una cuestión técnica: está en juego la confianza de nuestros principales socios y, con ello, la estabilidad de una economía cada vez más interdependiente.
Si México pierde la confianza de Estados Unidos, pierde más que inversión: pone en riesgo un comercio diario de 1,200 millones de dólares. Sin confianza, el TMEC se tambalea y con él, la columna vertebral de nuestra economía. La pregunta obligada, ¿habrá otros bancos o financieras que estén las listas del FinCEN?