En Movimiento Ciudadano Tamaulipas acaba de pasar algo que venden como “reorganización rumbo a 2027”, pero huele a otra cosa.
A principios de agosto, en asamblea en Ciudad Victoria, Gustavo Cárdenas, el patriarca naranja del estado, fue nombrado delegado y enlace del Comité Ejecutivo Nacional.
La versión oficial: fortalecer la estructura. La versión real: Dante Delgado, dirigente nacional, mandó una señal. Y en su partido, las señales de Dante no se discuten.
¿A quién? A Roberto Lee, el empresario matamorense que dirigía el partido.
Según las quejas que corren en los pasillos naranjas, Lee concentró todo en Matamoros, la tierra donde sueña con la alcaldía, y descuidó al resto del estado.
Peor: buscaba dejar a Mónica Benavides como gerente estatal para operar Tamaulipas a su modo mientras él perseguía su candidatura. Aquí está el punto ciego. Nadie discute lo evidente: el regreso de Cárdenas no es “aire fresco”, es reciclaje.
Pero el verdadero pleito no es de nombres, es de control. Quien maneje la gerencia estatal maneja las candidaturas del 2027. Cárdenas llega precisamente a frenar esa jugada y a recuperar las plazas que Lee guardaba para sí.
Traducción de café: no se pelean por ideas ni por ciudadanos, se pelean por la caja y por las boletas. Entonces, la pregunta incómoda: si Movimiento Ciudadano presume ser la opción “joven y ciudadana”, ¿por qué su futuro en Tamaulipas lo deciden los mismos apellidos de siempre, los de hace veinte años?
DIECIOCHO CARRILES DE APLAUSOS
Todos celebran que el Puente Internacional Nuevo Laredo III pasará de 8 a 18 carriles. El gobernador Américo Villarreal Anaya lo vende como competitividad; su secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, promete menos filas y más comercio. Y sí, suena a progreso: por ahí cruza casi la mitad de la carga del país.
Pero fíjate en el dato que pasó de puntitas. Antes de mover la primera retroexcavadora, el gobierno federal de Claudia Sheinbaum autorizó ampliar treinta años la concesión del puente, hasta 2056.
El trato es sencillo: la concesionaria pagará la obra y, a cambio, cobrará el peaje de medio comercio nacional durante tres décadas más. ¿Y quién es esa concesionaria? Nadie la nombra en los boletines. Del lado texano, los $25 millones de dólares los presumió el congresista Henry Cuellar, el mismo indultado por Donald Trump tras ser acusado de recibir sobornos ligados a intereses mexicanos.
Ampliar el cruce sí conviene a Tamaulipas. Pero un puente también es un negocio, y todo negocio tiene dueño, y todo dueño tiene sus intereses. La pregunta incómoda: ¿por qué asegurar la concesión hasta 2056 antes de colocar el primer tornillo, y a quién beneficia el silencio?
¡¡Yássas!!