Tic tac, Rocha a la cárcel

Rubén Rocha Moya fue citado a declarar ante la Fiscalía General de la República y, junto con él, también aparecen en la lista Enrique Inzunza y los demás personajes señalados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Eso, por sí solo, cambia todo. Ya no estamos frente a una simple crisis ni ante un pleito de versiones entre partidos; estamos ante un expediente que cruzó la frontera, llegó a México y puso contra las cuerdas al propio gobierno. 

El caso es delicado porque Rocha no es cualquier figura: es gobernador de Sinaloa, es morenista y es parte del grupo del expresidente Amlo. Por eso su problema no es solamente legal, también es político. Si cae Rocha, cae una pieza importante de Morena y se destruye el discurso de que la corrupción, los pactos oscuros y las complicidades pertenecían únicamente a personajes del pasado.

Hay dos teorías que pueden explicar lo que está pasando. La primera es que, después de la visita de autoridades norteamericanas y de las llamadas con Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum entendió que defender a Rocha puede salir más caro que perdonarlo. La segunda es que, para amortiguar el golpe contra Morena, el gobierno mexicano estaría empujando una negociación de reciprocidad: si México investiga o entrega a personajes de su propio partido, Estados Unidos también debe entregar a prófugos reclamados por México, como es el caso del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

Las dos teorías tienen caminos distintos, pero llegan al mismo punto: Rocha está cada vez más cerca de la cárcel y más lejos de la protección política.

En la primera teoría, la presión viene de Washington. Estados Unidos no sólo señaló a Rocha; también puso sobre la mesa una acusación grave contra una red de funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa. No hay que olvidar que, cuando una acusación de ese tamaño se mueve en tribunales norteamericanos, normalmente no viene sola: puede venir acompañada de testimonios, documentos, rutas financieras, comunicaciones y declaraciones de personas que, para salvarse, empiezan a hablar.

Ese es el verdadero riesgo para Rocha. No sólo lo que diga el expediente, sino lo que puedan decir los demás. Una cosa es negar todo en público y otra muy distinta es estar frente a una condena larga. Ahí empiezan los recuerdos, los nombres, las reuniones, las llamadas y los acuerdos.

Por eso la cita a comparecer ante la FGR no es un simple trámite; es el puente entre la presión estadounidense y la decisión mexicana de empezar a actuar. El gobierno puede decir que no obedece órdenes de Estados Unidos, pero tampoco puede fingir que no pasa nada. Esa es la salida más útil para Sheinbaum: no entregar a Rocha como una concesión a Trump, sino presentarlo como una investigación propia, con discurso de legalidad y sin cargar directamente con el costo de protegerlo.

La segunda teoría es más estratégica. Si Rocha cae, Morena recibe un golpe fuerte. La oposición va a decir que el partido que prometió limpiar al país terminó embarrado en los mismos lodos que criticaba. El caso se puede convertir en un campo minado rumbo a 2027, porque no sólo afecta a Rocha, sino también a todos los que estuvieron cerca de él, a quienes lo defendieron, a quienes se beneficiaron de su poder y a quienes hoy quisieran fingir que nunca lo conocieron. 

Ahí aparece Cabeza de Vaca. Para Morena, el exgobernador de Tamaulipas es el rival perfecto para empatar el marcador. Si cae Rocha, cae uno de casa; pero, si al mismo tiempo Estados Unidos entrega o mueve el expediente de Cabeza de Vaca, entonces el gobierno puede decir que la justicia no tiene colores. Que no sólo se investiga a Morena, sino también a la derecha. Que no se trata de una imposición de Trump, sino de cooperación y reciprocidad.

En términos simples, eso no limpia el caso Rocha, pero sí amortigua el golpe. Porque no es lo mismo ver caer a un gobernador morenista solo, que verlo caer mientras también se coloca sobre la mesa a un exgobernador panista. La conversación cambia, la oposición pierde comodidad y Morena gana una defensa narrativa. 

Ahí Claudia Sheinbaum puede decir que su gobierno no protege a nadie, pero tampoco acepta que Estados Unidos pida sin entregar. Ese puede ser el fondo de la jugada. Si Washington quiere cooperación, México pide reciprocidad. Si Estados Unidos exige movimiento contra personajes incómodos para ellos, México exige movimiento contra personajes incómodos para el gobierno mexicano. Nadie lo va a decir así en público, por supuesto, pero la política no siempre se dice; muchas veces se interpreta.

El problema para Rocha es que, en cualquiera de las dos rutas, él ya dejó de ser útil. Mientras servía como gobernador, operador y aliado, se le podía defender. Mientras el costo era manejable, se le podía arropar. Pero cuando las acusaciones llegan desde Estados Unidos, la FGR lo cita y su nombre empieza a contaminar al partido, el juego cambia. Primero viene la licencia. Luego el silencio. Después, la frase de que hay que esperar las investigaciones. Más tarde, la de que nadie está por encima de la ley. Y cuando esa frase sale de los de su propio partido, el mensaje es claro: ya no eres protegido, eres sacrificable.

Veredicto final

Rocha y sus secuaces están cada vez más lejos del poder y cada vez más cerca de la cárcel. Tic tac.