Un amigo falso es peor que un enemigo honesto, decía Platón, mientras observaba a quienes tenía sentados a su lado tratando de sonreírle.
Queda claro que la impartición de justicia no debe estar sometida a gustos ni caprichos de nadie. El fiscal Federico Fernández ha intentado hacer una limpia general desde que llegó, buscando erradicar corrupción y viejos vicios. Ha dejado claro que la justicia no está al servicio de los grupos de poder.
Pero, sin querer entenderlo, este fin de semana un empresario organizó un escándalo para ocultar un desliz. Resulta que la denuncia contra una joven por presuntamente estafar a por lo menos 18 empresarios vendiéndoles relojes clonados no era del todo cierta. Un medio local publicó la información porque la “única” víctima era uno de sus directivos.
Fuentes de la Fiscalía revelaron que, para evitar un escándalo mayor, el afectado decidió montar un teatro con ayuda de algún funcionario de la misma dependencia para detenerla —sin denuncia de por medio— y encerrarla.
De acuerdo con esas mismas fuentes, el supuesto “afectado” habría contactado a la joven a través de una red social exclusiva para fans, desde donde ella le habría ofrecido un reloj. Menudo problema para las autoridades y para el propio involucrado, quien, para evitar complicaciones conyugales, ordenó inventar la historia. Y peor aún para la autoridad, que sin denuncia ni orden decidió detener a la mujer de Ramos Arizpe. Vergonzante.
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Una vergüenza también que los recortes orquestados desde el gobierno federal dejen descubiertas áreas prioritarias y esenciales relacionadas con apoyos sociales, salud y ahora también el campo.
Sin avisar y prácticamente huyendo por la puerta de atrás, las oficinas del Registro Agrario Nacional desaparecieron de un día para otro de sus instalaciones sobre el bulevar Carranza: simplemente se hicieron ojo de hormiga.
No solo suspendieron la operación de esta dependencia —que brinda asistencia legal y certeza jurídica a trabajadores y habitantes del campo—, sino que ni siquiera tenían para pagar la renta. Se fueron sin liquidar lo adeudado.
Los procedimientos legales que ahí se llevaban tendrán que esperar, pues las oficinas del centro de la ciudad también cerraron.
El campo, queda claro, como siempre, volvió a quedar al final de las prioridades del gobierno federal.
¡¡Yássas!!