En la política mexicana abundan los aplausos que duran un día. Los discursos se los lleva el viento, las promesas suelen quedarse en el camino y las encuestas cambian cada semana.
Pero hay reconocimientos que pesan más porque no dependen de simpatías ni de narrativas. Dependen de números.
Esta semana la calificadora HR Ratings ratificó para el gobierno de Tamaulipas la máxima calificación crediticia posible: AAA con Perspectiva Estable. Traducido al lenguaje cotidiano, significa que los especialistas financieros consideran que el gobierno tamaulipeco tiene una capacidad sobresaliente para cumplir sus compromisos económicos, administrar su deuda y mantener estabilidad en sus finanzas.
¿Y eso qué le importa al ciudadano que sale todos los días a trabajar? Pues mucho.
Cuando un estado tiene finanzas sanas puede acceder a financiamiento en mejores condiciones, pagar menos intereses, atraer inversión privada y generar mayor confianza entre quienes deciden instalar empresas, abrir negocios o expandir operaciones. Menos dinero destinado a pagar costos financieros significa más recursos disponibles para infraestructura, servicios y proyectos de desarrollo.
La confianza también genera empleo. Ningún inversionista serio apuesta su capital en lugares donde las finanzas públicas están en riesgo. Por eso una calificación AAA no es un asunto exclusivo de economistas o banqueros. Es un indicador que termina impactando la vida cotidiana de miles de familias.
Detrás de este resultado existe un trabajo técnico que pocas veces ocupa los encabezados. Ahí aparece el secretario de Finanzas, Carlos Ramírez González. Mientras otros protagonizan la disputa política diaria, él opera en un terreno donde los números no admiten discursos ni excusas. Mantener la máxima calificación crediticia exige disciplina presupuestal, control del gasto, transparencia, planeación y una administración responsable de los recursos públicos. No se consigue con ocurrencias ni con campañas de imagen.
Por supuesto, la calificación AAA no significa que todos los problemas de Tamaulipas estén resueltos. Sería absurdo afirmarlo. Lo que sí significa es que el estado presenta fortaleza financiera, estabilidad y credibilidad ante los mercados y organismos especializados. En tiempos donde las buenas noticias suelen escasear, vale la pena reconocer cuando una institución hace bien su trabajo. Porque al final, las opiniones pueden dividirse. Los números, no.
Y esta vez los números le ponen a Tamaulipas una de las mejores cartas de presentación que puede tener cualquier gobierno: confianza.
EL SILENCIO QUE LA CFE NO PUEDE PAGAR
Hay funcionarios que, cuando los alcanza la prensa, dan la cara. Y hay otros que aprietan el paso, suben a su camioneta y se van. El superintendente de la CFE en Matamoros, Pedro Contreras Galindo, eligió lo segundo: ante los reporteros se limitó a decir que no tenía autorización para hablar. Traducción: en una ciudad sin luz, el responsable del suministro tampoco tiene una palabra que ofrecer. Más de un mes. Ese es el tiempo que colonias enteras, Palmares, Brisas y sectores aledaños, llevan soportando apagones de hasta ocho horas. Electrodomésticos quemados, comida echada a perder, maquiladoras frenadas, trabajadores que faltan porque pasaron la noche sin dormir por el calor.
La CFE prometió que el arreglo tomaría “una o dos semanas”. Vamos en la quinta y seguimos contando. Frente a esa promesa rota, el alcalde Beto Granados hizo lo que el funcionario federal no se atrevió: poner el tema sobre la mesa. Exigió una respuesta definitiva, advirtió que llevará el reclamo hasta Monterrey si los mandos locales siguen callados y convocó a los vecinos para que las autoridades respondan de frente. “Ya estamos cansados de este tipo de acciones”, dijo. Lo dijo en voz alta, que no es poca cosa cuando enfrente hay quien prefiere el mutismo. La pregunta de fondo es simple y la CFE la sigue esquivando: ¿qué está fallando en las subestaciones y cuándo termina? Mientras no haya respuesta, Matamoros tiene derecho a exigirla. Y a no quedarse, otra vez, a oscuras.
¡¡Yássas!!