La reciente entrega de viviendas del programa Vivienda para el Bienestar en Ciudad Victoria no es solo un acto administrativo.
Es, en realidad, una escena política cuidadosamente construida: el gobernador Américo Villarreal acompañado por el director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Octavio Romero Oropeza, y por la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, bajo la narrativa social del gobierno de Claudia Sheinbaum.
Pero los números ayudan a entender mejor la historia. La meta del programa en Tamaulipas no es menor: alrededor de 84 mil viviendas durante el sexenio, con inversión estimada cercana a 50 mil millones de pesos, lo que podría generar más de 600 mil empleos entre directos e indirectos si se cumple el calendario proyectado.
En un país donde durante décadas la política de vivienda produjo fraccionamientos abandonados o alejados de las ciudades, una herencia de modelos inmobiliarios más financieros que sociales, la apuesta de la llamada Cuarta Transformación intenta reposicionar la vivienda como derecho y no como negocio.
Ese es el discurso. El punto ciego, sin embargo, sigue siendo otro: construir casas no siempre significa construir ciudad. Ahí es donde el liderazgo político entra en juego. Villarreal ha entendido que su margen de maniobra depende de algo que en política mexicana suele decidirlo todo: la relación con el poder federal.
Su apuesta ha sido clara, alinearse con la agenda social del centro para convertir a Tamaulipas en uno de los principales laboratorios del programa. Si el cálculo le funciona, el gobernador no solo reducirá el rezago habitacional. También consolidará algo más importante en política: influencia dentro del proyecto nacional. Y en el México de hoy, eso también se construye… ladrillo por ladrillo.
SHEINBAUM Y LA ARITMÉTICA DEL PODER
La política mexicana tiene una regla que se repite con disciplina matemática: las mayorías electorales no siempre se convierten en mayorías legislativas. Hoy volvió a confirmarse. La reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum naufragó en la Cámara de Diputados, no por la oposición, que hizo lo que siempre hace, sino por algo más delicado: la fractura del propio bloque que llevó al poder al movimiento gobernante.
La iniciativa proponía ajustes relevantes: reducir el financiamiento público a los partidos, modificar la representación proporcional y redimensionar la estructura legislativa. En el discurso político sonaba impecable. Menos dinero para la política siempre resulta una consigna popular frente a una ciudadanía cansada del gasto electoral.
Pero la política no se sostiene con consignas; se sostiene con votos y con acuerdos. Ahí apareció el primer punto ciego del oficialismo: creer que una coalición electoral es lo mismo que una coalición legislativa. No lo es.
Los partidos pequeños entendieron rápidamente que modificar el sistema de representación proporcional podía terminar reduciendo su propia presencia en el Congreso. Y en política hay una regla elemental: nadie vota por su propia irrelevancia. La derrota legislativa, por tanto, no es un simple episodio parlamentario; es el primer recordatorio de que gobernar implica administrar intereses distintos dentro de una misma alianza.
Ganar elecciones es una cosa; sostener mayorías estables para cambiar las reglas del juego es otra muy distinta. En estados como Tamaulipas, donde el gobernador Américo Villarreal mantiene una relación política cercana con el gobierno federal, la lectura debe ser todavía más fina. Lo ocurrido en San Lázaro confirma que la estabilidad política no depende únicamente del respaldo ciudadano, sino de la capacidad de construir consensos entre aliados que, llegado el momento, también defienden su propio espacio de poder.
Tamaulipas, que hoy busca consolidar gobernabilidad y proyectos estratégicos con la federación, tendría que mirar este episodio como una advertencia: incluso dentro del mismo movimiento, la política sigue siendo el arte, cada vez más complejo, de equilibrar intereses. Porque en el Congreso mexicano las reformas no mueren por falta de apoyo ciudadano, sino por exceso de cálculos políticos. Y hoy, esos cálculos le pasaron factura al proyecto electoral del gobierno federal.
¡¡Yássas!!