Banxico, al borde de la inconstitucionalidad

Hay decisiones que pasan casi inadvertidas porque vienen envueltas en lenguaje técnico. Se publican en el Diario Oficial, se presentan como ajustes operativos, se justifican como herramientas de política monetaria y, cuando la mayoría de la población intenta entenderlas, ya es demasiado tarde.

Eso es exactamente lo que acaba de ocurrir con el Banco de México.

La Circular 8/2026, publicada el pasado 15 de junio, modifica la Circular 6/2012 y establece un procedimiento de subasta para que Banxico pueda comprar, en el mercado secundario, Bonos de Regulación Monetaria y valores gubernamentales.

Dicho en español claro: el Banco de México se acaba de otorgar a sí mismo una facultad que no tenía.

Y esa facultad es delicadísima por lo que simboliza.

Hasta ahora, Banxico solo podía vender valores gubernamentales como agente financiero del gobierno federal. Pero a partir del 17 de agosto también podrá comprarlos. Eso cambia la naturaleza del riesgo, porque un banco central que compra deuda pública con dinero que él mismo crea deja de ser solamente el guardián del poder adquisitivo de la moneda y se acerca peligrosamente a convertirse en financiador del gobierno.

Banxico ha aclarado que, para estas operaciones de compra, utilizará únicamente Cetes y Bondes F, y que el monto máximo autorizado será de $100,000 millones de pesos. Es un dato importante y debe mencionarse con precisión. No estamos todavía ante un programa formal de compras masivas. No hay un calendario permanente ni una meta expansiva al estilo de los programas de flexibilización cuantitativa que ha utilizado la Reserva Federal en Estados Unidos.

Pero ese no es el punto de fondo.

Que el monto autorizado sea limitado no elimina el problema. Que los instrumentos sean Cetes y Bondes F tampoco lo resuelve. Que algunos analistas señalen que se trata de una medida técnica y no de un programa de estímulo monetario es relevante para entender la operación, pero no invalida la objeción central.

También se dice que estas compras podrían tener como propósito inyectar liquidez al sistema financiero, respaldar la demanda de valores gubernamentales o asegurar que la tasa de interés de mercado se sitúe cerca de la tasa de referencia del Banco de México. Todo eso puede formar parte de la explicación técnica. Pero no contesta la pregunta verdaderamente importante.

En México, la Constitución prohíbe que el banco central financie al gobierno.

El Artículo 28 constitucional establece que el Estado tendrá un banco central autónomo, cuyo objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional. Y contiene una frase que no puede ignorarse: “Ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento”.

Esa es la línea roja.

Existe por una razón histórica muy clara: México ya vivió las consecuencias de tener un banco central subordinado a las necesidades financieras del gobierno. Durante décadas, el gasto público irresponsable, los déficits crecientes, la emisión monetaria y el financiamiento al gobierno terminaron en inflación, devaluaciones, crisis sexenales y destrucción del patrimonio de millones de familias.

La autonomía del Banco de México, vigente desde 1994, no fue una concesión decorativa. Fue una respuesta institucional a décadas de abuso monetario. Fue la forma de impedir que el gobierno volviera a usar al banco central como caja grande para financiar su gasto.

Por eso el ajuste ahora es tan serio.

Si Banxico compra deuda gubernamental con dinero creado por él mismo, aunque lo haga en el mercado secundario y no en la emisión primaria, el efecto económico-monetario puede que sea mínimo. Pero ese no es el punto. El hecho es inconstitucional: termina el instituto central monetizando deuda pública. Y la cuenta final la paga la población mediante inflación.

Se podrá alegar que no se trata de financiamiento directo porque las compras serían en el mercado secundario. Habrá tecnicismos, comunicados y justificaciones sobre liquidez, sano desarrollo del sistema financiero o mejor instrumentación de la política monetaria. Pero el fondo económico no cambia: si el banco central crea dinero para absorber deuda pública, la está monetizando.

Y monetizar deuda es, por definición, financiar al gobierno mediante expansión monetaria.

De hecho, esa expansión ya ocurre incluso sin esta nueva facultad del banco central. Entre diciembre de 2018 y diciembre de 2025, la base monetaria —billetes y monedas en circulación— creció 111.8 por ciento. Es decir, más que se duplicó en siete años. La economía no creció en la misma proporción y, de hecho, el PIB per cápita se contrajo. El mexicano en promedio es más pobre que al inicio de la “Cuarta Transformación”.

La tasa media de crecimiento anual de la base monetaria en este periodo ha sido de 11.3 por ciento. Y si observamos lo que va del siglo, la base monetaria ha crecido, en promedio, alrededor de 12% cada año.

Por eso la inflación es, por mucho, el cáncer económico más grave de nuestra era. Ocurre por el gasto público deficitario, la contratación creciente de deuda y, sí, la emisión infinita de dinero sin respaldo.

Mientras eso sucede, millones de mexicanos están felices invirtiendo en Cetes a tasas nominales que pueden darles la ilusión de estar ganando dinero. Ven crecer el saldo de su cuenta. Ven llegar intereses. Creen que su patrimonio está protegido. Pero muchas veces no entienden que, si la cantidad de dinero crece más rápido que su rendimiento real, pueden estar perdiendo poder adquisitivo sin darse cuenta.

Por eso la Circular 8/2026 debe tomarse con enorme seriedad. No como una curiosidad técnica. No como una discusión reservada para especialistas. No como un instrumento inocente que “también usan otros bancos centrales”. México no puede analizar este tema ignorando su propia historia ni su propia Constitución.

Si esa línea se cruza, el daño no será solamente jurídico o institucional. Será económico, monetario y patrimonial. Cuando un banco central deja de defender el poder adquisitivo de la moneda y se convierte en comprador de deuda pública, el ciudadano común termina pagando la factura: con un peso que vale menos, con ahorros que pierden poder de compra, con Cetes que dan una ilusión de rendimiento y con una inflación que le mete la mano al bolsillo sin pedirle permiso.

Banxico todavía no ha anunciado una impresión masiva de dinero. Pero ya montó la maquinaria. Ya se otorgó a sí mismo la facultad. Ya dejó instalada la tubería justo cuando hay dudas sobre su autonomía y sobre su compromiso por combatir la inflación.

Y en economía, cuando la tubería queda lista, tarde o temprano alguien abre la llave.

No se trata de entrar en pánico. Se trata de entender la señal antes de que sea demasiado tarde.

México ya vivió lo que ocurre cuando el gobierno gasta de más, se endeuda de más y termina usando al banco central para sostener lo insostenible.

La historia no se repite exactamente igual. Pero cuando Banxico se faculta a comprar deuda pública con dinero creado por sí mismo, la advertencia es demasiado clara como para ignorarla.