México lleva un cuarto de siglo estancado y casi nadie lo quiere admitir.
No es opinión. Es un hecho duro y medible: la productividad mexicana es más baja hoy que hace veinticinco años. Producimos menos por hora trabajada que en el año 2000. Veinticinco años de trabajo nacional y el resultado neto, en términos de eficiencia productiva, es negativo. Los datos son públicos, oficiales, bien conocidos, y la semana pasada fueron vueltos a poner en la palestra pública por Santiago Levy, expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo, durante la reunión nacional de consejeros de BBVA. Eso, en cualquier país serio, sería una emergencia nacional. Aquí pasa desapercibido.
Los números acompañan el diagnóstico. Entre el año 2000 y 2018, México creció en promedio 1.9% anual. Entre 2018 y 2025, ese promedio cayó a 1.1 por ciento. En el primer trimestre de este año, la economía decreció 0.8% respecto al trimestre anterior. El crecimiento promedio se redujo a la mitad bajo la administración de la Cuarta Transformación, y cayó mientras la deuda pública aumentaba más rápido que en cualquier sexenio anterior. Esa es la frase que importa. Crecemos menos y debemos más. El multiplicador que antes generaba la expansión del crédito público hoy ya no genera nada. Cada peso de deuda nueva produce menos riqueza que el peso anterior. Es la definición técnica de un país que se está comiendo su futuro para sostener su presente.
El gobierno tiene un nombre para esto: lo llama estabilidad. Yo lo llamo lo que es: estancamiento. Y no es lo mismo.
La estabilidad implica una economía que se mantiene firme mientras genera condiciones para crecer. El estancamiento es lo contrario. Es una economía que no se mueve, que no avanza, que pierde productividad año tras año mientras el discurso oficial vende quietud como virtud. La diferencia entre ambas no es semántica. Es la diferencia entre un país que se prepara para prosperar y uno que se acostumbra a su mediocridad. El problema es que el segundo escenario no produce titulares dramáticos. No hay una devaluación catastrófica, el peso no se desploma, las filas en los bancos no aparecen en televisión. Y, como no hay crisis visible, casi nadie reacciona. La estabilidad se convierte en la coartada perfecta del estancamiento.
Mientras tanto, las cúpulas empresariales aplauden. Se anuncian nuevos planes para dinamizar la inversión: autorización inmediata para ramos prioritarios, ventanilla única de comercio exterior, reducción de trámites de Cofepris, decretos para fortalecer la certeza jurídica, permisos energéticos simplificados. Las grandes confederaciones del sector privado celebran cada anuncio como si fuera la solución. No lo es. Y no lo es por una razón sencilla: ningún plan económico va a mover la aguja sin certeza jurídica real, sin garantías a la propiedad privada, sin un Poder Judicial independiente capaz de resolver controversias entre el ciudadano y el Estado. Mientras esos tres pilares estén ausentes, el resto es marketing institucional.
Es ahí donde el papel de las cúpulas empresariales se vuelve, francamente, parte del problema. Han optado por el camino diplomático de aplaudir todo y criticar nada. Es comprensible desde la lógica de las relaciones públicas, pero es desastroso desde la lógica del país. Cuando los gremios que representan al capital productivo renuncian a su función crítica, el gobierno pierde el único contrapeso técnico que le exige rigor. Lo que queda es un coro de elogios mutuos mientras la productividad cae, la inversión se contrae y el ahorrador promedio se duerme en una falsa sensación de seguridad.
Y ese ahorrador es la víctima silenciosa de todo este esquema.
La tasa de Cetes a 28 días cerró esta semana cerca del 6.5 por ciento. Probablemente caerá más en las próximas subastas. Millones de mexicanos creen estar haciendo lo correcto al refugiar su capital en instrumentos gubernamentales de corto plazo. Confían en una premisa que ya no se sostiene: que mientras el dólar no suba, su dinero está seguro. Esa premisa fue cierta bajo un régimen cambiario fijo. Hoy, con un tipo de cambio flexible desde 1994 y con un dólar que tiene como objetivo de política comercial mantenerse débil para favorecer las exportaciones estadounidenses, el indicador del tipo de cambio ya no captura lo que solía capturar. El ahorrador en Cetes no está protegido. Está perdiendo poder adquisitivo todos los días, mes por mes, año por año, mientras la inflación erosiona en silencio lo que tanto le costó acumular. Es un líder a medias. Tuvo la disciplina de ahorrar, pero no la educación financiera para proteger ese ahorro. Y termina, sin darse cuenta, comiéndose su propio patrimonio.
A todo esto se suma ahora un factor externo que casi nadie está conectando con sus consecuencias económicas reales: el choque geopolítico con Washington. La administración estadounidense persigue a operadores y cómplices de organizaciones criminales mexicanas y exige cooperación judicial. La respuesta del gobierno mexicano oscila entre el nacionalismo retórico y la dilación. Mientras tanto, los aranceles, las pausas al T-MEC y las sanciones comerciales selectivas dejaron de ser hipótesis y empezaron a convertirse en instrumentos sobre la mesa. Si la relación bilateral se deteriora más, el detonador del próximo episodio recesivo mexicano no va a venir de adentro. Va a venir de afuera, golpeando una economía que ya estaba enferma desde mucho antes de que llegara el golpe.
Esta es la trampa del momento. Como no hay crisis visible, no se toman las decisiones que evitarían la crisis real. Como las cúpulas aplauden, no hay presión técnica para corregir el rumbo. Como el ahorrador se cree seguro, no busca alternativas. Y como el gobierno llama estabilidad a su propio estancamiento, el discurso oficial sustituye al análisis económico.
Lo que México necesita no son más planes. Necesita lo opuesto a lo que se está haciendo. Menos discrecionalidad fiscal, menos terrorismo regulatorio y menos intervención política en el Poder Judicial. Necesita certeza jurídica real, apertura comercial activa, garantías firmes a la propiedad privada, mercados libres operando con previsibilidad. Necesita un Estado que entienda que su papel no es dirigir la economía, sino sostener las reglas bajo las cuales la economía puede crecer. Y necesita reconocer, con honestidad técnica y política, que llevamos veinticinco años yendo en la dirección contraria.
Mientras eso no ocurra, el diagnóstico se mantiene. México no está en crisis. Está peor. Está atrapado en una quietud disfrazada de estabilidad que se ha vuelto su condición permanente. Y cada año que pasa sin enfrentar esa realidad es un año más de patrimonio nacional que se erosiona, de talento que emigra, de capital que busca refugio fuera, y de ciudadanos que terminan trabajando más y produciendo menos.
Esa es la verdadera crisis. La que no aparece en los titulares. La que casi nadie quiere ver.