Ante el caos que impera en las vialidades de la Zona Metropolitana por la construcción de las Líneas 4 y 6 del metro, el Gobierno del Estado ha lanzado dos propuestas para mejorar la movilidad: la primera es el transporte escolar obligatorio y la segunda, los horarios escalonados para las empresas. Las ideas son buenas; la ejecución, pésima.
Las soluciones propuestas por el Gobierno se requieren no solo para la movilidad, sino también para mitigar la contaminación ambiental de la ZMM. El problema es que han sido planteadas de improviso, sin estudio previo y sin socializarlas con los grupos a los que impactan directamente.
La Comisión Ambiental Metropolitana es un espacio adecuado para que se discutan este tipo de propuestas, con la participación de las áreas correspondientes del gobierno estatal, municipios, Congreso del Estado, empresarios y escuelas. De esta forma, se podría poner el tema sobre la mesa y sacar adelante el mejor proyecto: consensuado y encaminado a la corresponsabilidad de toda la sociedad para enfrentar los retos de la Zona Metropolitana.
El problema radica en plantear los temas de un día para otro y pretender hacerlos obligatorios, cuando hay procesos y procedimientos que se tienen que cumplir y voces que se tienen que escuchar, como la de los padres de familia, los empresarios y los trabajadores. Todos ellos deberían revisar juntos cada tema que se propone.
Si bien la desesperación por tratar de contener los grandes embotellamientos que estamos viviendo diariamente es comprensible, debemos recordar que las escuelas están de vacaciones y que, en un mes, cuando regresen, la movilidad se va a complicar aún más.
Lo innegable es que estos proyectos y otros más deben implementarse de manera integral. El problema es que, después de estas intentonas mal planeadas, las cosas se complican porque la opinión pública se pone en contra y es más difícil lograr el consenso y la correcta aplicación de los programas.
De la mano del Congreso del Estado, el Gobierno Estatal debe impulsar medidas para el control de emisiones, asignar el presupuesto que se requiera e incluir a los municipios en la implementación. También, es crucial involucrar a empresas y universidades, además de establecer una planeación clara para que la ciudadanía conozca las etapas de implementación y todos sepamos qué hacer.