Caso Taddei: lecciones para NL

La renuncia de Guadalupe Taddei al INE, formalizada ayer, deja al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León un recado muy útil: no dejar que los controles internos se guarden en el reglamento y que el manejo de daños —de haberlos eventualmente— no se reduzca a negar lo que ya se ve por los medios. 

El expediente de Guadalupe Taddei terminó en la Auditoría Superior de Fiscalización y en la FGR, pero hizo caso omiso. 

Taddei pensó inocentemente que la podría librar con manipulación política y golpes sobre la mesa. No fue así. Concentrar las funciones de licitación y asignación directa en sus manos fue la perdición de Taddei. 

El domingo subió a redes un comunicado que luego borró y alguien de nivel superior seguramente, ordenó que lo republicara. 

La Auditoría Superior de la Federación abrió investigación de oficio el 23 de octubre por indicios de irregularidades, conflictos de interés, colusión y triangulación en contratos del INE que, según señaló esta columna hace meses, giraban en torno a $514 millones de pesos. 

El conglomerado de José Alfredo Hernández Casillas —Cajas Graf, Corporativo Zeg, Formas Finas y Materiales y otras— acumuló más de $1,000 millones en el INE y en organismos locales de al menos trece entidades federativas. 

¿Un ejemplo? La presunta adjudicación directa de alrededor de $197 a $198 millones para materiales de la elección judicial después de declarar desierta la licitación previa. 

Jonathan Navarrete Torres, trabajador adscrito a la Presidencia del INE —supuesto aviador—, figuraba al mismo tiempo como apoderado de Corporativo Zeg; Jesús Octavio García González, quien dirigió Administración del INE hasta abril, había representado como apoderado legal a las mismas compañías. 

El pasado sábado, altanera y soberbia, Taddei dijo a sus consejeros que no se iba; dejaría que el caso “se enfriara”. 

El domingo pasado subió el comunicado de marras anunciando la renuncia. Y ayer se consumó su salida. 

¿Qué lecciones nos deja a Nuevo León? El IEEPCNL debe evitar incurrir en esos errores elementales —nadie está exento de meter la pata, pero hay que aprender a sacarla— y no dar pie al mismo desenlace. 

Veamos algunos posibles ajustes instrumentables. 

Valdría la pena un cruce automático, antes de toda contratación que supere el 5% del presupuesto anual de material electoral, entre accionistas y apoderados de proveedores y las declaraciones de consejeros, personal de confianza y familiares en primer grado, con recusación obligatoria documentada. 

También que las adjudicaciones directas por encima de ese umbral requieran justificación pública de por qué no hubo licitación viable y revisión del Consejo General o de un comité independiente del área que propone el contrato. 

Añadiría un protocolo que se active en 48 horas ante cualquier señalamiento de conflicto: separación temporal del involucrado, apertura proactiva del expediente ante el órgano interno de control o la Auditoría Superior del Estado y comunicado que explique qué se investiga, qué se ha hecho y en qué plazo se rendirán cuentas.

Estas medidas no necesitarían reforma legal; bastaría con que el Consejo las aprobara antes de que un proveedor “preferente” y un funcionario con doble rol concentren contratos hasta que la evidencia haga insostenible la permanencia de altos funcionarios. 

El caso Taddei demuestra que la credibilidad se pierde en los procedimientos que nadie revisa a tiempo, no en las declaraciones que llegan cuando el daño ya es público y manifiesto. 

Para el Instituto de Nuevo León, aplicarlas ahora es la diferencia entre replicar un patrón en el que han incurrido varios órganos electorales estatales —datos por todos conocidos— o evitar tener que explicarlo a destiempo y mal.