Hay reuniones que son foto y reuniones que son política real.
La que sostuvo este miércoles el gobernador Américo Villarreal Anaya con Carlos Torres Rosas, secretario técnico del Gabinete de la Presidencia y coordinador de Programas de Bienestar, en Palacio Nacional, pareciera caer en la segunda categoría, aunque el tiempo, como siempre, será el verdadero juez.
El encuentro forma parte de una agenda de trabajo en la Ciudad de México que el mandatario tamaulipeco ha aprovechado para alinear prioridades con el gobierno federal. Y los números que se desprenden de esa coordinación no son menores: durante 2026, los 18 Programas de Bienestar federales canalizarán hacia Tamaulipas una inversión que supera los 24 mil 500 millones de pesos, alcanzando a uno de cada cuatro tamaulipecos.
“De la mano vamos a seguir impulsando acciones que benefician directamente a las y los tamaulipecos”, declaró Villarreal Anaya tras la reunión. Una frase que suena comprometida, aunque la pregunta que queda flotando, y que valdría la pena responder públicamente, es cuáles son los mecanismos concretos de seguimiento para garantizar que esos recursos lleguen sin fuga a quienes más los necesitan.
Porque la inversión es considerable, y la voluntad política parece estar. Lo que Tamaulipas requiere ahora es transparencia en la ejecución y rendición de cuentas. Ahí está el reto real del gobernador: que la coordinación con la federación se traduzca en bienestar visible, cotidiano y verificable para su gente.
LAS VÍCTIMAS PRIMERO: OLGA SOSA IMPULSA LA REFORMA QUE OBLIGA AL ESTADO A NO OLVIDAR
Hay reformas que llegan tarde, y hay otras que llegan cuando el país ya no puede darse el lujo de esperar. La aprobación unánime, 109 votos, cero en contra, de la reforma al artículo 73 constitucional para expedir una ley general en materia de feminicidio cae en la segunda categoría, aunque con una advertencia que no debe perderse de vista. El cambio es estructuralmente significativo. Durante años, el mapa legal mexicano en torno al feminicidio ha sido un patchwork de legislaciones estatales con definiciones distintas, estándares probatorios dispares y resultados de justicia profundamente desiguales dependiendo del código postal donde ocurrió el crimen.
Una ley general no resuelve eso de un plumazo, pero sienta las condiciones para que pueda resolverse. La iniciativa de Claudia Sheinbaum, impulsada en el Senado con especial consistencia por Olga Patricia Sosa Ruíz, apunta en la dirección correcta al proponer la imprescriptibilidad del delito y atención específica para hijas e hijos de víctimas, esas víctimas invisibles que el sistema suele olvidar.
Lo que la reforma no responde todavía, y que sería irresponsable no señalar, es la brecha entre el texto constitucional y la realidad operativa: ¿con qué presupuesto se homologa la capacitación pericial en los estados con menos recursos?, ¿qué mecanismo garantiza que la perspectiva de género no quede como declaración de buenas intenciones en los códigos locales?
El consenso legislativo es un punto de partida valioso. Pero la historia reciente nos enseña que las reformas constitucionales sin implementación financiada y supervisada tienden a quedarse en el mármol del Diario Oficial. El Congreso tendrá que dar el siguiente paso con la misma contundencia.
¡¡Yássas!!