Tamaulipas entró esta semana al expediente nacional de la pornografía infantil con un dato que debería sacudirnos hasta el último rincón de la conciencia política: diez mil consumidores documentados por la Fiscalía General de la República, dos redes desmanteladas y Ciudad Victoria, sí, la capital, no un municipio remoto ni una zona de difícil acceso institucional, como epicentro del consumo y la comercialización.
Las cifras estatales acompañan ese diagnóstico federal con la frialdad de una radiografía mal recibida. Treinta y ocho carpetas de investigación abiertas en Victoria, diecisiete en la zona conurbada del sur, cuarenta y tres personas con proceso judicial en todo Tamaulipas, diecinueve mujeres entre los acusados formalmente. Y una grieta que conviene mirar despacio: noventa y ocho denuncias ante el Ministerio Público frente a cuarenta y tres procesos formales.
Más de la mitad de los casos se quedan, de momento, sin nombre, sin rostro y sin sentencia. Mientras tanto, dos victorenses ya enfrentan la justicia estadounidense, donde las penas trepan a veinte años de prisión y multas de doscientos cincuenta mil dólares. Uno fue sentenciado, el otro espera audiencia.
Que la persecución eficaz contra tamaulipecos ocurra del otro lado del río Bravo no es un dato más: es una confesión incómoda sobre nuestra propia capacidad de procurar justicia. Y aquí aparece el punto ciego que pocos quieren nombrar: detrás de cada consumidor documentado hay un niño con nombre, con escuela, con casa, cuya imagen circula como mercancía. La conversación pública se ha quedado corta.
Hablamos de redes y archivos, pero falta la pregunta incómoda sobre cómo opera la cadena local de captación, qué papel juegan plataformas, escuelas y entornos familiares, y por qué la denuncia ciudadana no termina convertida en sentencia. A las autoridades estatales, federales y municipales corresponde cerrar esa brecha.
A la sociedad, dejar de tratar el tema como tabú. Si Ciudad Victoria es hoy el foco, que también sea el primer lugar donde se rompa el silencio.
REYNOSA SE PLANTA
Llegaron con cascos, botas y arneses, no con pancartas estridentes. Eso ya dice algo. Frente a la Presidencia Municipal de Reynosa, alrededor de tres mil ex trabajadores de Pemex y CFE se plantaron este viernes para denunciar lo que sienten como una traición silenciosa: recortes que oscilan entre el 40 y el 60 por ciento en pensiones que creían intocables, derivados de la reforma al artículo 127 que la presidenta Sheinbaum publicó el 10 de abril en el Diario Oficial.
El gobierno habla de austeridad y de eliminar privilegios; calcula un ahorro de $5,000 millones anuales y enmarca todo bajo el combate a las “pensiones doradas”. Pero la conversación oficial tiene un punto ciego incómodo: la retroactividad.
El artículo 14 constitucional prohíbe expresamente perjudicar a nadie con leyes aplicadas hacia atrás, y aquí se está haciendo precisamente eso, mediante una reforma que se ejecuta antes incluso de tener leyes secundarias que la regulen.
Hay otro silencio que conviene nombrar con firmeza: ni Fuerzas Armadas, ni Poder Judicial, ni pensiones sindicales entran al recorte. ¿Austeridad para quién? Reynosa no protesta sola. Poza Rica, Madero, Salamanca y Monterrey también levantan la voz, y la pancarta que mejor resume todo “la pensión no es dorada, es ganada” exige una respuesta política, no un decreto firmado entre pasillos.
Por eso conviene que el Congreso de Tamaulipas abra una mesa pública, que los diputados federales por la entidad rindan cuentas de cómo votaron, y que la presidenta reciba a la Alianza Nacional de Jubilados antes de que la indignación escale al Mundial, como ya advirtieron. La ciudadanía también tiene tarea: informarse, acompañar, no mirar a otro lado. Hoy son ellos. Mañana, cualquiera que haya entregado su vida al servicio público.
¡¡Yássas!!