“Una nueva disminución del presupuesto (para 2024, en la Conagua) difícilmente asegura una mejor gestión del agua, en un contexto de sistemas hídricos presionados por sequías particularmente severas”.
La frase anterior se encuentra en la nota informativa emitida el pasado 10 de octubre por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), en la cual se analizaba el entonces proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), el cual contemplaba una disminución de más de 12% en el presupuesto para la Comisión Nacional del Agua.
El del Imco fue uno de los múltiples análisis formulados antes de la aprobación del PEF 2024 para manifestar preocupación por la reducción del presupuesto a Conagua, debido a las adversas consecuencias de tal decisión, a propósito de las actuales circunstancias de sequía en el país.
Pero, como lo anticipó el analista Luis Miguel González, en su columna del diario El Economista el pasado 20 de octubre, la mayoría de los legisladores no se molestaron en averiguar el riesgo implicado en tal decisión.
“En el 2024, el presupuesto de Conagua será (de) $62,600 millones de pesos, frente a $71,600 en 2023. El monto es menor a los $120,000 millones que recomienda el Consejo Consultivo del Agua, un organismo que reúne a algunos de los mayores expertos del tema en México”, advirtió el economista.
En principio, parece un tema sólo para iniciados, pero constituye una asignatura de la mayor relevancia para todos: estamos hablando de la capacidad del Estado mexicano para gestionar adecuadamente un recurso vital en tiempos de crisis.
Las consecuencias no son triviales y se traducen en hechos tan graves como el carecer de certeza en relación con la disponibilidad de agua subterránea en los acuíferos de nuestra región.
Un botón de muestra: el especialista Édgar Alexandro Flores Araujo, fundador del Centro de Investigaciones de Aguas Nacionales (CIAN) expuso la semana anterior, en un evento académico realizado en Saltillo, el desorden existente en la determinación del volumen de agua en el acuífero Allende-Piedras Negras.
Dicho acuífero, de acuerdo con cifras oficiales de Conagua, pasó de contar con un superávit de 14.31 millones de metros cúbicos (Mm3) en el año 2018, a padecer un déficit de 35.22 Mm3 en 2020 y luego a uno menor –de 19.44 Mm3– en 2023. Es decir, de ser un acuífero “sano” pasó a ser uno gravemente deficitario.
El problema con ello es la falta de claridad sobre la forma en la cual la Conagua llega a tales cifras, pues los documentos públicos disponibles no permiten rehacer los cálculos.
Otro botón: el 12 de noviembre pasado publiqué un artículo, en el periódico Vanguardia, en el cual consigné una situación similar a la descrita líneas arriba, pero en este caso en el acuífero Saltillo Sur, del cual se surte, en parte, la mancha urbana de la capital coahuilense: de registrar un presunto déficit de 52.47 Mm3 en 2020, la cifra disminuyó, sin explicación razonable de por medio, a 26.76 Mm3 en noviembre pasado.
¿Cómo se explican estos “saltos” en la situación de los acuíferos a partir de las cifras de Conagua? Flores Araujo tiene una hipótesis: la dependencia sufre una “crisis administrativa” de la cual deriva “un caos” en la gestión de las reservas subterráneas de agua.
En buena medida el desorden se explica, según apunta la evidencia, a partir de la reducción presupuestal sufrida por la Conagua, pues ello le impediría realizar verificaciones en campo para constatar la realidad; es decir, conocer exactamente cuánta agua se extrae de los acuíferos y, a partir de ello, desplegar acciones para mejorar la gestión del líquido.
Pese a todo, nadie en la dependencia parece preocupado por la situación pues, al menos en mi experiencia, ni siquiera es posible obtener reacciones oficiales a los reportes periodísticos publicados. Mientras tanto, los indicadores adversos no hacen sino acumularse y crecer, entre ellos la grave situación de sequía padecida de manera particular en la región.
@sibaja3