Construir mejores municipios

Uno de los retos más importantes para los municipios del país es la baja recaudación del impuesto predial. El tan impopular impuesto es, quizás, la herramienta financiera más importante que tienen los gobiernos locales para garantizar una buena calidad de servicios públicos para las personas que gobiernan. 

En México, este impuesto apenas alcanza un promedio de 0.11% del PIB, una cifra particularmente baja, si la comparamos con el promedio de América Latina, que es de 0.38%. 

El impuesto predial es una de las herramientas más poderosas que tienen los gobiernos municipales para financiar servicios esenciales: agua potable, drenaje, alumbrado público, recolección de residuos, mantenimiento de calles, parques, jardines y seguridad pública. Es decir, una buena recaudación del predial se traduce, literalmente, en una mejor calidad de vida para la ciudadanía.

¿Por qué, entonces, pese a décadas de estrategias municipales para aumentar su cobro, los resultados siguen siendo mínimos?

Hay varias razones que van desde la falta de capacidades técnicas, la debilidad institucional de muchos municipios y, también, la desconfianza ciudadana hacia los gobiernos locales. A esto se suma el rezago catastral o la falta de actualización en el valor de los inmuebles. 

A esta cadena de problemas se le suma uno importante: la inexistencia de esquemas eficientes de cobranza. 

¿Qué quiere decir esto?

Que, más allá de los descuentos por pago de contado y a inicios de año, hay muy pocos mecanismos para que las personas que quieran cumplir con esta obligación puedan hacerlo de manera eficiente y en modalidades más accesibles. 

Por eso, desde el Senado de la República, presenté una iniciativa de reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), con el objetivo de permitir que el Instituto pueda establecer esquemas de financiamiento y gestión del impuesto predial para los trabajadores, y que esos recursos sean transferidos directamente a los municipios.

Esta propuesta busca crear un nuevo modelo de recaudación: ágil, seguro, confiable y eficiente.

Aprovechar la infraestructura administrativa del INFONAVIT para facilitar el cumplimiento fiscal de millones de trabajadores mexicanos podría representar un cambio profundo en la forma en que se financian nuestros municipios.

Se trata de avanzar hacia un círculo virtuoso: más eficiencia en la recaudación, más recursos para los municipios, mejores servicios públicos, mayor confianza ciudadana y, como resultado, más cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales. 

Facilitar el pago del impuesto predial a través del INFONAVIT no es una solución mágica. Es un primer paso para contribuir a incrementar la recaudación para los municipios, pero el resto requiere voluntad política, transparencia y eficiencia en la administración de los recursos.

La gente necesita ver que su dinero se traduce en calles limpias, parques seguros y alumbrado público funcional. Sólo así estará mucho más dispuesta a pagar sus contribuciones.

Lo que está en juego no es menor. Está, por un lado, el derecho de cada persona a vivir en un entorno digno, con servicios básicos garantizados. Por otro lado, es también la posibilidad de fortalecer la autonomía de los municipios y romper la dependencia excesiva de los recursos federales, sin dejarlo fuera. Para eso está también la intervención del INFONAVIT. 

Desde el Senado, mi compromiso ha sido siempre con la mejora tangible en la vida de las personas.

No creo en la política de los grandes discursos que no llegan a la calle. Creo en la política que transforma realidades. 

De ahí que esta reforma sea tan importante para mí, porque sé que un municipio que recauda mejor tiene la capacidad de servir mejor. Pero, sobre todo, es quitarles las excusas a nuestros alcaldes: si cumplimos con nuestras obligaciones financieras, no habrá excusa que valga para tener mejores servicios públicos y, a final de cuentas, mejores ciudades para vivir.