Manuel Muñoz Cano salió al Comité estatal, en el Ocho de Anaya y Olivia Ramírez, a dar un mensaje que se contradice a sí mismo dentro de la misma frase:…
Por un lado, juró que acata lo que ordene su dirigencia nacional y que la alianza con Morena y el PT sigue firme rumbo al 2027, pero casi en el mismo aliento advirtió que las candidaturas del Verde serán “para gente del Verde” y que nunca más volverá a prestar las siglas a nadie.
Es el equivalente político de jurarle amor eterno a tu socio mientras, debajo de la mesa, ya tienes las maletas hechas y el pie en la puerta; se puede decir, pero nadie del otro lado se lo cree, y ahí está el primer punto ciego que Morena seguramente ya anotó en su libreta.
El segundo mensaje fue la joya de la mañana: la “Nueva Fuerza Verde”, una convocatoria que exige a los aspirantes exámenes toxicológicos, psicológicos, carta de no antecedentes penales y hasta opinión positiva ante el SAT. Filtros de laboratorio para el ciudadano de a pie que suenan impecables, salvo por un detalle incómodo: esa aduana de pureza es un invento reciente, hecho a la medida de un partido que necesita reciclar su imagen antes de sentarse a negociar posiciones desde una silla más fuerte.
Dato picante: ese riguroso detector de honestidad no existía en 2024, cuando el propio Verde postuló al Senado al exgobernador Eugenio Hernández y a Maki Ortiz, que juntos apenas rascaron unos 17,000 votos en el estado. El antidoping, como suele pasar en la política tamaulipeca, llegó puntualito después de la cruda.
EL SEMÁFORO DE LOS ‘AUTOS CHOCOLATE’
En Tamaulipas existe un mercado que no cotiza en bolsa, pero mueve fortunas: la regularización de vehículos extranjeros.
Marcelo Olán Mendoza, director de Oficinas Fiscales, lo confirmó sin rodeos: el estado toca la puerta de la Federación para revivir el decreto que venció el 31 de diciembre y meter al redil las 230,000 unidades que quedaron a media calle.
Hagamos cuentas, que es donde vive la verdad. El programa anterior legalizó 586,000 autos y recaudó $1,118 millones de pesos, todos, dicen, etiquetados para pavimentar municipios. Divida usted: unos $1,900 pesos por coche.
La pregunta incómoda no es cuánto entró, si no a dónde fue el asfalto. Si cada peso se hubiera vuelto concreto, Tamaulipas debería lucir calles de terciopelo. ¿Usted las ve?
Aquí el punto ciego: cuando la recaudación de autos irregulares financia las banquetas legales, el municipio deja de ver un problema de seguridad y empieza a ver una caja registradora.
El incentivo perverso está servido. Mientras tanto, importar hoy un usado por aduana cuesta entre $26,000 y $33,000 pesos. Esa brecha, casi $2,000 contra $33,000, es el oxígeno que respiran los gestores y las páginas falsas que el propio Olán denunció.
No es casualidad: donde el Estado tarda, el coyote corre.
Dato picante: el beneficio es “personal e intransferible”, pero para venderlo o heredarlo se exige notario. Traduzco: el decreto del pueblo terminó necesitando la firma más cara del pueblo.
¡¡Yássas!!