Morena ya designó coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación, es decir, quienes se perfilan como candidatos a gobernador en 2027.
El proceso de encuestas no borra los antecedentes cuestionables de varios de ellos.
Nora Ruvalcaba Gámez (Aguascalientes) lleva tres derrotas previas por la gubernatura (2010, 2016 y 2022). Muchas como para volverlo a intentar. Ha enfrentado denuncias por calumnia electoral, aunque el TEPJF las revocó después.
Pablo Gutiérrez Lazarus (Campeche), expanista del ala dura y protegido de la controvertida Layda Sansores, enfrenta denuncias por peculado por $600 millones de pesos. Tiene adeudos millonarios con el IMSS por más de $360 millones y una deuda con el SAT de $87 millones por ISR, laudos laborales impagos y observaciones de auditorías por $91 millones.
Rosa María “Rosi” Bayardo Cabrera (Colima) es extensión del grupo de la gobernadora Indira Vizcaíno.
Imelda Castro Castro (Sinaloa) hereda el desgaste del gobierno de Rubén Rocha Moya, imputado en EUA por supuestos vínculos con el crimen organizado. Su designación ocurre en medio de una crisis de legitimidad y seguridad.
Santiago Nieto Castillo (Querétaro), extitular de la FEPADE y de la UIF, fue destituido de la fiscalía electoral en 2017 por filtraciones. Enfrenta acusaciones de redes de factureras y el escándalo de su boda en Guatemala, donde se retuvo un avión privado con $35,000 dólares no declarados.
Beatriz Mojica Morga (Guerrero) ganó la encuesta, pero abrió heridas.
Aspirantes como Félix Salgado Macedonio quedaron fuera en un estado marcado por violencia y clientelismo.
Carlos Torres Piña (Michoacán), exfiscal general, pidió licencia en pleno proceso de investigación del asesinato del alcalde Carlos Manzo. Su gestión de menos de un año generó cuestionamientos por avances limitados.
Eugenio “Gino” Segura Vázquez (Quintana Roo), senador con licencia y cercano a la gobernadora Mara Lezama, consolida el control territorial del grupo en el poder más que renovación real.
Verónica Díaz Robles (Zacatecas), senadora con licencia y cercana al grupo de Ricardo Monreal, busca mantener el poder en un estado donde las redes clientelares son tema recurrente.
Julieta Ramírez Padilla (Baja California), senadora con licencia de 31 años, enfrenta investigaciones electorales confirmadas por el TEPJF por presuntos actos anticipados de campaña, promoción personalizada y posible uso de recursos públicos en pintas de bardas, espectaculares y volantes.
¿Y Nuevo León? El nombramiento sigue pendiente. ¿Habrá cúmulo de peros y asegunes en la designación? Ya lo veremos. Y, si es necesario, también aquí lo denunciaremos.