Hace varios meses –desde febrero pasado, para ser precisos– un nombre se volvió común en los reportes periodísticos de Saltillo: Lizeth ‘N’. Se trata de una mujer a quien se acusa de haber realizado múltiples operaciones fraudulentas de compra-venta de inmuebles.
El lunes de la semana pasada Lizeth fue vinculada a proceso dentro de la causa penal 1467/2022, abierta en su contra como probable responsable del delito de despojo. En ese caso particular, a la imputada se le acusa de apropiarse ilegalmente de una residencia ubicada en el exclusivo fraccionamiento saltillense San Alberto.
El inmueble, valuado en unos $8 millones de pesos, era rentado por su propietario a ejecutivos de empresas de la región sureste de Coahuila, pero con la llegada de la pandemia ya no hubo clientes, lo cual fue aprovechado por Lizeth y un presunto cómplice, quien sería su pareja, para ingresar furtivamente a la vivienda.
Fue a través de un grupo de Whatsapp, integrado por vecinos del fraccionamiento, como el propietario tuvo noticia de la ocupación de su casa y desde entonces, hace más de dos años, intenta recuperarla.
Esta persona no es, sin embargo, la única víctima de Lizeth. A partir de la publicación de su caso en la prensa local, decenas de individuos han hecho públicos múltiples hechos adicionales y puesto al descubierto una auténtica empresa de defraudación liderada por esta misteriosa mujer.
De acuerdo con las declaraciones de abogados de las víctimas el número de personas engañadas podría ser superior a 80 y las ganancias ilícitas obtenidas por Lizeth y sus cómplices rondarían los $100 millones de pesos.
¿Cómo ha podido una sola persona estafar a tantos y, al menos hasta ahora, salirse con la suya?
La respuesta es simple: porque no actúa sola. Muy lejos de tal posibilidad, conforme van apareciendo detalles de la trama va quedando cada vez más clara la existencia de una amplia red de complicidades en la cual participan notarios públicos y empleados de diversas dependencias estatales y municipales.
Los abogados de las víctimas han señalado al menos a cinco notarios –con residencia en Saltillo y Ramos Arizpe– como partícipes de la conspiración gracias a la cual Lizeth y compañía lograron engañar a sus víctimas.
Una fuente de la Fiscalía General de Coahuila reconoció, en marzo pasado, la existencia de al menos 10 carpetas de investigación –abiertas en contra de Lizeth– las cuales ya han sido presentadas ante un juez; es decir, carpetas en las cuales las investigaciones han aportado evidencia en el sentido de haberse cometido un delito.
No estamos pues ante un hecho aislado o ante la consumación de un “lance audaz” perpetrado por una persona a quien “le salió bien” un engaño. Estamos ante una empresa a gran escala cuyo desarrollo ha implicado corromper a notarios y servidores públicos.
Porque no basta la existencia de un fedatario corrupto para concretar los engaños de este tipo. Adicionalmente es necesario contar con la complicidad de quienes, en las oficinas –municipales y estatales– del Catastro, así como en el Registro Público de la Propiedad, deben expedir y certificar documentos para dotar de legalidad a las operaciones de compra-venta de inmuebles.
Están, por otro lado, denuncias realizadas por varias de las víctimas de Lizeth en el sentido de haber recibido amenazas para obligarles a desistirse de los juicios enderezados contra la defraudadora. Este hecho apunta a la posible existencia de otros cómplices con capacidad para intimidar a las víctimas.
Muchos inversionistas y familias de Nuevo León realizan operaciones inmobiliarias en la zona metropolitana de Saltillo. Para ello, utilizan los servicios de notarios y realizan trámites ante las oficinas públicas del ramo. La existencia de esta red de defraudación representa un foco rojo que obliga a estar alertas ante el riesgo de incorporarse a su ya larga lista de víctimas.
Seguiremos en el tema.
@sibaja3