De Argentina a la refinería clandestina en Cadereyta 

¿Es probable que algunos de los fraudes financieros e inmobiliarios que ha consignado este medio estén vinculados al huachicol fiscal? No lo descarto. 

El epicentro del huachicol fiscal está en el noreste de México. Y una parte toral de ese mapa pasa por Nuevo León. Y pasa por empresas formalmente constituidas, facturas, triangulaciones y redes financieras. 

El combustible que cambia de identidad en un documento convierte la evasión fiscal en la clave del negocio.

Hay indicios de operaciones de esta índole en San Nicolás, Cadereyta, Allende, Santa Catarina y otros puntos estratégicos. 

En Cadereyta operó —¿ya no?— una “huachi-refinería”. Es decir, una refinería clandestina. Y no se trataba de una instalación improvisada u oculta. 

Era —¿o es?— una estructura ilícita ubicada a pocos kilómetros de la refinería oficial de Pemex, con capacidad para procesar hasta 10,000 barriles diarios.

Se dice que empresas y sociedades vinculadas a esta red habrían facturado más de $5,000 millones de pesos. 

¿Puede darse una operación de semejante magnitud, funcionando durante años, sin que nadie la vea? ¿Sin protección? ¿Sin complicidades? ¿Sin funcionarios, empresarios, operadores financieros o intermediarios que, por acción u omisión, permitan que la maquinaria siga funcionando?

En distintos operativos se han decomisado millones de litros. En un predio de Cadereyta, más de un millón. En Allende, alrededor de 1.2 millones. Y en Santa Catarina, un túnel conectado directamente a un poliducto de Pemex. Para eso se necesita expectativa de impunidad.

¿Cómo se refleja la expectativa de impunidad? Vamos a ver: en agosto, nuestra entidad ya superaba los 4.9 millones de litros de combustible decomisados, o sea, aproximadamente 58% más que el año anterior. 

Sin duda, el combustible es solamente una parte de esa historia. Detrás del huachicol fiscal hay algo todavía más importante: el dinero. Y ahí Monterrey y San Pedro se cuecen aparte.

FinCEN ya puso la lupa sobre redes financieras relacionadas con el tráfico ilícito de combustibles, donde están involucrados entidades como Vector y algunos aspirantes a cargos públicos. ¿Incluyendo la gubernatura? Quizá.

Y aquí anticipamos los cateos realizados en residencias de San Pedro vinculadas a Roberto Blanco Cantú, conocido como “El Señor de los Buques”.

Craso error sería pensar que estamos ante un problema de eminente carácter policiaco. Estamos ante una economía criminal sofisticada.

Y destaco otro dato que no debemos omitir. Omar García Harfuch viajó a Buenos Aires para participar en la Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC), celebrada del 18 al 20 de agosto de 2026 en el Palacio Libertad.

El foro, organizado por la DEA y el Ministerio de Seguridad Nacional del gabinete de Javier Milei, reunió a representantes de más de 100 países. 

Ahí, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se sentó junto al titular de la DEA, Terrance Cole. Sé que sostuvieron una reunión bilateral privada —donde se habló de Fernando Farías Laguna, en proceso de extradición— y compartieron escenario público. 

Cole no escatimó elogios a Harfuch. Lo llamó “socio de confianza” y “buen amigo de Estados Unidos”. 

Pero la prueba concreta del intercambio de inteligencia y equipo —lo de los drones que venden barato a la Sedena puede ser más bien un caballo de Troya— no está en Buenos Aires, sino en el noreste de México. 

¿Qué quiero decir con esto? Que si toda esa inteligencia, toda esa cooperación y todos esos acuerdos internacionales no terminan golpeando las estructuras financieras, empresariales y logísticas con las que opera el huachicol fiscal, solo tendremos fotografías diplomáticas, pero no resultados concretos.