¿Una propuesta empresarial de blockchain para Ulises Carlin, tesorero de Nuevo León?

En estos días santos nos reunimos un grupo de emprendedores, no para descansar. Diseñamos un plan para revolucionar los trámites y pagos de la tesorería estatal. 

Algunos me proponían reunirnos con diputados locales para consultarnos. 

Me negué: esa gente está más empeñada en ponerle trabas a Ulises Carlin de la Fuente, al frente de la tesorería del gobierno estatal, que en plantear soluciones. 

Mejor hablar directo con Ulises Carlin, a quien no conozco, pero sé que es un hombre sensato y abierto a la innovación. 

¿De qué se trata? No de una plataforma que le queremos vender. No de un negocio que le queremos poner en la mesa. Es un proyecto de buena intención, altruista y generoso, como debe ser todo en cuaresma. 

Si alguien lo quiere vender o capitalizar, lo vamos a denunciar en esta columna. Peor que a Judas. 

Se trata de blockchain, pero no solo de criptomonedas. Vamos más allá. 

Trata de quién controla el dinero público en el siglo XXI. Parecería pequeño, pero no lo es.

Lo que pedimos a Ulises Carlin, este grupo de emprendedores —al que ya se han sumado también varias empresas regiomontanas—, consiste en permitir pagos con stablecoins —es decir, criptomonedas diseñadas para mantener un valor estable, normalmente equivalente a una moneda como el dólar—, como USDC y USDT, que son dos de las más utilizadas y cuyo valor suele mantenerse cercano a un dólar estadounidense.

Dicho así suena técnico. Frío. Pero de verdad no lo es.

Porque lo que estamos proponiendo es alterar la lógica tradicional de cómo el ciudadano le paga al Estado.

Antes de avanzar, te aclaro otro punto clave: una criptomoneda es un activo digital que funciona sobre tecnología blockchain, sin necesidad de un banco central, y que permite transferencias directas entre personas o instituciones.

Y aquí está el meollo: el gobierno no tocaría nunca las criptomonedas.

El ciudadano paga con stablecoin con un intermediario regulado —un exchange, es decir, una plataforma autorizada donde se compran, venden y convierten criptomonedas a dinero tradicional—, que convierte ese pago a pesos mexicanos en segundos, y el dinero cae limpio, directo, en las arcas de la Tesorería.

El Estado sigue recibiendo pesos. Pero el sistema de pago cambia por completo.

Pesos. Bancos. Horarios. Comisiones. Ahí se detiene la modernización digital de los gobiernos. ¿Me explico? Esta propuesta, en cambio, rompe ese último cuello de botella con algo que, para mí, sería una jugada estratégica: no confronta a las autoridades monetarias.

Porque no intenta sustituir al peso. Ni intentamos crear una moneda paralela.

Respetamos el marco de Banco de México y nos apoyamos en intermediarios regulados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Es decir: no desafiamos al sistema; lo rodeamos. 

¿Cómo funcionaría en la práctica? Muy simple.

Por ejemplo, a nivel municipal, si vas a pagar una multa de tránsito, te aparecería una opción: pagar con cripto.

Se generaría un QR —un código bidimensional que puedes escanear con tu celular para enviar el pago automáticamente a una dirección específica—.

Pagas desde tu wallet —que es una aplicación digital donde guardas y administras tus criptomonedas, como si fuera una cuenta bancaria, pero sin banco—, usando redes como Solana o Polygon, donde la comisión es prácticamente insignificante.

En segundos, un exchange autorizado convertiría ese pago a pesos y el dinero llegaría a la Tesorería.

En menos de 30 segundos, tendrías tu recibo oficial. Sin bancos tradicionales. Sin fricción. Además, cada pago dejaría un rastro verificable. Una huella inalterable. No expone datos personales.

¿Por qué importa esto? Porque introduciría cambios estructurales, como acabar con intermediarios tradicionales en el momento del pago, reducir costos de transacción y abrir la puerta a pagos transfronterizos más eficientes, particularmente con Texas.

Y esto convertiría cada transacción en un evento auditable en tiempo real.

Hoy, los impuestos estatales en Nuevo León —nómina, hospedaje, ecológicos, transmisión de vehículos— están sujetos a un marco legal que obliga a recibir pagos en medios tradicionales.

Por eso el plan empieza ahí. Y si esto funciona, el siguiente paso sería más disruptivo.

Nómina estatal. Pagos a proveedores. Contratistas. Es decir, el gobierno emitiría un token —una representación digital de valor o de un derecho dentro de un sistema blockchain— que muestra un pago autorizado.

¿Existe un camino jurídico para nuestro plan? No totalmente. Hay que trabajarlo. Ya sé que el sistema financiero permite la conversión y la Tesorería puede recibir los depósitos.

Pero el verdadero obstáculo es de voluntad política.

¿Queremos hacer de Nuevo León el primer estado de México en integrar pagos con stablecoins de forma oficial? Sí. Ya basta de seguir operando bajo la lógica tradicional. ¿Le damos?