¿De qué depende el Programa Nacional 2026-2030?

En nuestro país, el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (PNOTDU) 2026-2030 representa un instrumento estratégico de planeación de la nación para concebir el territorio como un bien común y como una plataforma de justicia social, territorial, sostenibilidad ambiental y prosperidad compartida. 

Este programa pretende, entre otras cosas, establecer la ruta técnica a seguir para prevenir o, en todo caso, revertir la fragmentación institucional que hoy afecta a nuestros gobiernos locales, considerando que actualmente muy, pero muy, pocos municipios cuentan con un plan de ordenamiento vigente. 

Su impacto directo sobre los estados y municipios radica en el mandato de armonizar las legislaciones locales con la normativa federal, así como en el fortalecimiento de sus capacidades técnicas, administrativas y de gobernanza. 

Sí, claro, esto suena muy atractivo, y más cuando su impulso es mediante herramientas como la digitalización y la interoperabilidad de catastros y registros públicos, lo que, en teoría, permitirá a los municipios no sólo dar certeza jurídica y planear el crecimiento, sino también ampliar su base fiscal para financiar infraestructura pública y frenar la urbanización irregular.

Entre los cambios más relevantes destaca la transición hacia un modelo de planeación territorial con un enfoque de sistema socioecológico, el cual reúne por primera vez las dimensiones: urbana, rural, agraria y ambiental en una sola visión. 

Además, rompe con el ciclo de desvinculación histórica entre la política habitacional y el uso del suelo, garantizando que la vivienda se desarrolle en espacios bien localizados y dotados de servicios, evitando así la segregación y el rezago en las periferias del país. 

Por otro lado, el tema de la movilidad, se presume, abrirá la puerta a otros derechos, pasando de un modelo excluyente centrado en el automóvil, hacia sistemas de transporte público integrados y sostenibles. 

Finalmente, la gestión integral de riesgos de desastres y la adaptación al cambio climático fungirán de forma institucionalizada, con criterios normativos y vinculantes, en la planeación y la inversión pública de los municipios, logrando que nuestras comunidades dejen de ser reactivas y se vuelvan preventivas ante las amenazas del futuro incierto.

El papel de las autoridades es absolutamente central y representa un cambio de paradigma, ya que el Estado deja de ser un simple espectador para asumir un rol activo y rector en el desarrollo del país. 

En este programa, las autoridades de todos los niveles tienen la responsabilidad no sólo de administrar, sino de intervenir y orientar la política territorial para revertir el desmantelamiento institucional de décadas pasadas, garantizando que el uso del suelo y la infraestructura sirvan al bienestar colectivo y no a intereses particulares.

No obstante, el diagnóstico del propio documento reconoce que el mayor obstáculo para las autoridades locales radica en sus limitadas capacidades técnicas, operativas y financieras. Para hacer frente a la falta de especialización y a la alta rotación de personal en los gobiernos locales, el programa plantea consolidar una estrategia nacional de capacitación para las personas servidoras públicas. 

Esta estrategia busca crear conciencia sobre el impacto directo que tiene el ordenamiento territorial en el bienestar de las comunidades. Se basa en un modelo de formación integral, multidisciplinaria y con líneas de especialización. Como parte de este modelo, los funcionarios podrán generar un expediente personal en el que se registren los programas completados y las nuevas competencias que vayan desarrollando a lo largo de su gestión.

Opino que, para que el programa y sus expectativas sean viables, se debe apostar por resolver un problema de raíz: el financiamiento y la capacidad técnica local, en parte como se propone. Es buena idea intentar cambiar el paradigma histórico donde los planes de desarrollo urbano se veían como documentos sin impacto real o de muy baja implementación, salvo por lo que respecta a los estados sobredesarrollados como Nuevo León. 

Para lograr que funcione, debe haber congruencia con las urgencias locales, no obstante, su viabilidad en la práctica dependerá de superar fuertes resistencias políticas. Lograrlo exigirá que los tres órdenes de gobierno estén dispuestos a colaborar mediante la integración de consejos que hoy en día operan de forma intermitente, sin presupuesto propio y sin atribuciones vinculantes.

Priscila Vieyra Solís 
Consejera del Capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C.