A los carboneros de Coahuila no los calienta ni el sol, y mucho menos el carbón de las termoeléctricas de Nava, luego de que la Comisión Federal de Electricidad suspendiera hasta por 90 días un procedimiento de contratación para la central José López Portillo.
Y es que apenas se habían anunciado asignaciones para 12 empresas de la Región Carbonífera, por 1.5 millones de toneladas y un valor estimado de $2,475 millones de pesos, cuando desde la CFE llegó el freno para revisar aspectos técnicos, legales y administrativos.
Pero lo que realmente está calentando el ambiente es la versión que circula entre empresarios del ramo: que en la CFE y la Secretaría de Energía ya están cansados de los mismos grupos que durante años han tenido presencia en el negocio del carbón.
Y ahí aparece Régulo Zapata Morales y su grupo de empresarios, además de José Bogar Montemayor Garza, presidente de la Unión Mexicana de Productores de Carbón, quien ha encabezado gestiones por pedidos de hasta 4.3 millones de toneladas.
Pero Bogar no es cualquier personaje. Es hermano de Jesús María “Chuma” Montemayor Garza, actual secretario de Desarrollo Rural del Gobierno de Coahuila, y sobrino del exgobernador Rogelio Montemayor Seguy, también exdirector de Pemex, empresario energético y ex presidente del Clúster de Energía de Coahuila, quien ahora impulsa el aprovechamiento de los yacimientos de gas shale mediante fracking.
Así que los Montemayor conocen bien los negocios energéticos de Coahuila: unos gestionan carbón, otros participan en el Gobierno estatal y otros promueven la explotación del gas. Y la pregunta es inevitable: ¿qué tanto pesan esos apellidos cuando se trata de abrir puertas en el sector energético?
Y para echarle más leña al fuego, desde hace tiempo circulan señalamientos sobre proveedores que presuntamente entregan carbón mezclado con tierra y otros materiales, mientras las termoeléctricas de Nava parecen echar más humo que electricidad.
Tanto humo que el asunto ya llegó al Congreso de Coahuila, donde los diputados Sergio Zenón Velázquez Vázquez, Jorge Arturo Valdés Flores, Guillermo Ruiz Guerra y Antonio Flores Guerra han promovido exhortos para que las autoridades ambientales inspeccionen las emisiones de las carboeléctricas José López Portillo y Carbón II.
Porque aquí la pregunta no es solamente quién vende carbón, sino quién verifica lo que realmente se entrega, quién autoriza los contratos y quién responde por la calidad del combustible.
Y mientras los productores esperan saber qué sucederá con las contrataciones, la suspensión abre otra interrogante: ¿estará comenzando un reacomodo entre los grupos que durante años han participado en el millonario negocio del carbón?
Porque una cosa es tener minas, maquinaria y toneladas de mineral, y otra muy distinta conservar las relaciones para seguir apareciendo entre los proveedores.
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Pero en la Región Carbonífera también corre otra versión: que detrás de la suspensión hay un creciente malestar por la concentración de contratos en unos cuantos jugadores, mientras decenas de pequeños productores continúan esperando una oportunidad para participar en el negocio.
Y para muestra un botón. Diversos empresarios señalan las operaciones de José Bogar Montemayor Garza y de su principal aliado empresarial, Régulo Zapata, quienes son ubicados como algunos de los mayores beneficiarios de contratos carboneros por montos que, aseguran, superan los $200 millones de pesos.
De ahí que entre los propios productores ya se formule una pregunta que pocos se atreven a hacer en público: ¿la suspensión ordenada por la CFE es solamente una revisión administrativa o el inicio de una limpia para desplazar a grupos que durante años dominaron el mercado?
Porque cuando el dinero, la política y la energía se mezclan, rara vez las decisiones se explican únicamente con argumentos técnicos.
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Y mientras en la Región Carbonífera siguen pendientes de los próximos movimientos de la CFE, otra batalla empieza a cocinarse, pero ahora en el terreno electoral.
Tal como se anticipaba desde hace meses, la sucesión municipal de Ramos Arizpe comienza a tomar temperatura. Y es que las aspirantes priistas Edna Dávalos y Anilú Cavazos podrían encontrarse con un competidor capaz de alterar el tablero antes de tiempo.
Se trata del empresario Gerardo Covarrubias, quien busca posicionarse dentro de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación y que, según distintos operadores políticos de la región, ha venido construyendo una base propia mediante un trabajo discreto, pero constante.
Covarrubias ha logrado presencia entre sectores populares del municipio y más de uno considera que, con el respaldo de la maquinaria morenista, podría convertirse en un factor que obligue a los demás aspirantes a replantear estrategias.
Porque una cosa es competir con las cartas conocidas de siempre y otra muy distinta enfrentar a un perfil que llega sin hacer mucho ruido, pero que podría terminar moviendo más de una pieza en el tablero.
Y si en la Región Carbonífera el carbón tiene encendidos los ánimos, en Ramos Arizpe ya empezaron a prenderse los focos rumbo a la próxima batalla electoral. ¡Uffff!
¡¡Yássas!!