DEA: ¿NL, oasis en el norte violento?

Un veterano de la DEA con más de 25 años de servicio en Monterrey ofrece una lectura directa sobre la nueva realidad bilateral. 

Por lo visto, no coincide su percepción con lo que Andrés Manuel López Obrador señaló en su reciente carta. Trump no es diferente al de la primera administración en la Casa Blanca. Es el mismo.

Artemio Cantú López, agente jubilado de ese organismo de investigación estadounidense, conoce de cerca la maquinaria del narcotráfico en la región.

Hace años advertía que los capos más poderosos ejercían un control casi total sobre ciertos territorios. Y lo único que de verdad temían era ser extraditados y acabar en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado.

Muchos de ellos ya están ahí. Lo estarán pronto también algunos políticos mexicanos. Seguirán el mismo camino de impunidad rota. 

Tras sus primeras alertas sobre el peso de las extradiciones, Cantú López seguramente no ha conjurado esas amenazas. Siguen marcando la agenda de los actores criminales.

Al mismo tiempo, se aprecia un cambio en la disposición del gobierno mexicano.

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, lo confirmó hace días ante la Cámara de Representantes tras su visita a Ciudad de México:

“Acabo de regresar de hablar con la presidenta Sheinbaum y su gabinete. Nos ha impresionado. Han sido muy cooperativos, más que la administración pasada, pero aún creen en su soberanía y tenemos que respetar eso.”

Pese a tanta diplomacia, viene una etapa de mayores presiones. Hard power después del soft power. 

Marco Rubio, secretario de Estado, lo dejó entrever esta misma semana durante una audiencia en el Senado.

Advirtió que los cárteles mexicanos ya utilizan drones en sus enfrentamientos internos y que Washington debe prepararse para la posibilidad de que esa tecnología se dirija contra intereses estadounidenses.

En ese contexto de presión bilateral, el norte de México presenta contrastes marcados.

En Sonora, el gobernador Alfonso Durazo ha sido mencionado en reportes periodísticos en relación con investigaciones vinculadas al crimen organizado, lo que incluso generó versiones —que él desmiente— sobre una posible revisión de su visa.

Casos como el de Vector Casa de Bolsa, sancionada por el FinCEN por presunto lavado de dinero, ilustran cómo redes financieras vinculadas a ese ecosistema terminan por perder su licencia cuando las autoridades estadounidenses deciden actuar.

Frente a este panorama, Nuevo León mantiene una posición distinta, según la observación de quien ha seguido la región durante más de dos décadas. La penetración del crimen organizado en las estructuras políticas y económicas locales no ha alcanzado los niveles documentados en estados vecinos. 

Esa diferencia relativa habla de un oasis en medio de una zona cada vez más erosionada.

Los datos duros respaldan esta excepción: mientras las entidades limítrofes padecen parálisis por bloqueos y asfixia económica, Nuevo León sigue acaparando la mayor parte de la inversión extranjera directa y sostiene su orden mediante una policía estatal —Fuerza Civil— dotada de una capacidad táctica y de fuego que no ha sido rebasada por los cárteles. 

Siempre he creído que la estabilidad económica es el cortafuegos más efectivo.

Leo a Giorgio Agamben y su teoría expuesta en Homo Sacer. El poder soberano y la vida desnuda (1995) sobre los estados de excepción, con soberanía compartida por el crimen (gobernanza híbrida). El poder soberano compartido reduce a ciertos grupos humanos a una “vida desnuda”: despojados de derechos, expuestos a la violencia sin la protección del orden jurídico.

En amplias regiones del norte de México, miles de personas desaparecidas, secuestradas o desplazadas están marcadas por esa condición.

El veterano de la DEA vio formarse esa condición a lo largo de los años. El verdadero problema, entonces, no radica solo en que las cifras de violencia bajen, pero no desaparezcan.

Tampoco se reduce a las sanciones financieras o a las tensiones diplomáticas.

El fondo del asunto es la aceptación progresiva de que extensos territorios mexicanos ya no responden al Estado, sino a quien tenga más capacidad de fuego y de dinero. Esa cesión silenciosa es la que convierte zonas enteras en tierra quemada.

¿Nuevo León logra escapar a esa lógica? Por ahora, según quien ha vigilado de cerca la frontera durante un cuarto de siglo, sigue siendo la excepción más clara en el norte.

La presión —desde dentro y desde fuera— no da tregua. El resto es retórica.