El 1° de junio se votará por primera vez a quienes imparten justicia en este país. Es un ejercicio sui géneris, inédito, faccioso, pero, sobre todo, no democrático.
La democracia exige que los electores sufraguen en libertad, justicia e igualdad; también demanda legitimidad. ¿Se cumplen estos valores democráticos?
El simulacro electoral del primer domingo de junio será histórico, no sólo por ser inédito, sino por estar ajeno a la democracia y a los valores que la sustentan. Sí, será una selección, con presencia en las urnas, donde se escogen candidatos de entre un buffet de ellos; pero, como en los buffet, elegir un platillo no lo hace un ejercicio democrático.
El 1° de junio no se votará en libertad. Hay grupos políticos, sindicatos, actores gubernamentales y otros poderes políticos, sociales y fácticos que harán lo necesario para que sus prospectos ganen la selección, que no elección.
No se puede hablar de libertad cuando, entre cientos de candidatos, no se conocen sus perfiles, propuestas ni proyectos. Es difícil hablar de libertad cuando se camina a ciegas hacia la urna; la manipulación de los electores que acudan será igual a la del buffet: quien parezca más atractivo, o el predeterminado será por quien se vote.
Tampoco se cumple el valor de la igualdad democrática. Desde el inicio hay disparidad. Si bien los inscritos en la contienda tuvieron las mismas oportunidades para participar —en términos de papeleo y requisitos—, no es verdad que tengan igualdad de oportunidades en la contienda.
No hay igualdad porque a algunos los impulsa la 4T y a otros hasta los atacan; a unos les organizan mítines y a otros ni agua les ofrecen.
La autoridad electoral está “pintada”, como coloquialmente se dice de alguien que no resuelve conflictos. La igualdad entre contendientes no existe, ni tampoco entre los electores, quienes, al no contar con las mismas oportunidades de información, conocimiento del proceso, acceso a las urnas y otras características, simplemente quedan unos en desventaja frente a otros.
El valor de la justicia (legalidad) del proceso es cuestionable. Puede afirmarse que es legal, pues la Constitución y las leyes secundarias se modificaron a modo para que el proceso fuera dentro del marco legal. Aplica eso que llaman “democracia a modo”, “dictadura democrática” o “simulación legal de la democracia”.
La existencia de candidatos a quienes se les puede quitar el triunfo por ser inelegibles deja en condición de ilegalidad a un momento del proceso, pues esa persona —gane o no— le quita un espacio o votos a otra que sí pudo haber ganado.
Que la autoridad reconozca la existencia de candidatos inelegibles deja por los suelos la legalidad y la legitimidad del proceso.
La democracia requiere cumplir con los tres valores jurídicos: libertad, igualdad y justicia (legalidad); pero también está el valor de la legitimidad.
Si a una consulta popular se le pide un 30 o 40% de afluencia para considerarla legal, ¿podemos considerar legítima una elección donde se estima una asistencia menor al 20% de electores en las urnas?
No es legítima la próxima elección del Poder Judicial por dos motivos: no se espera gran afluencia en las urnas, y el conteo de votos será opaco, alejado de la ciudadanía, “en lo oscurito”, en las sedes distritales del INE.
A menos que haya cámaras en vivo y observadores no a modo en los conteos, el ejercicio democrático nace viciado y termina siendo un proceso sin mayor trascendencia democrática: un momento de “dictadura democrática”.