Han disparado las alertas a nivel nacional los lineamientos a la Ley de Radio y Televisión propuestos por la Presidencia de la República. Al Estado se le imposibilita garantizar los derechos humanos más elementales previstos en el artículo 1° constitucional; sin embargo, ahora el Estado planea erigirse como garante de los llamados derechos de las audiencias. Esta iniciativa —que proviene de una propuesta formulada en la administración del expresidente Peña Nieto— ha sido resucitada en un momento en que los organismos autónomos han desaparecido. Así, la prioridad gubernamental podría girar hacia un ámbito extraordinariamente delicado: la pretensión de regular y garantizar lo que la ciudadanía escucha, ve y opina a través de los medios de comunicación.
Si bien los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) serán sometidos a consulta, el mecanismo de la consulta pública llega arrastrando un severo déficit de credibilidad. La experiencia reciente con reformas como la del Poder Judicial —donde diversos actores y legisladores denunciaron que las principales demandas y observaciones de la sociedad y de los especialistas fueron ignoradas en el dictamen final— deja un precedente amargo. Con esos antecedentes, resulta sumamente difícil confiar en que este ejercicio de la CRT sea un diálogo abierto y receptivo, y no un mero trámite formal para validar una decisión predeterminada desde el poder central, máxime cuando la mayoría legislativa corresponde al partido en el gobierno.
Para que un marco de esta naturaleza no cruce la delgadísima línea de la censura ni se transforme en un garrote de coacción contra la libertad de expresión, la condición mínima e indispensable es la existencia de un organismo autónomo, independiente y con rigor técnico, integrado por voces ciudadanas y especialistas totalmente ajenos al gobierno en turno. Sin embargo, ese camino hoy luce cerrado con la disolución de los órganos autónomos que se construyeron precisamente para evitar el control estatal de las telecomunicaciones. De esa manera, el gobierno se convierte en juez y parte.
El derecho de las audiencias a recibir información veraz es legítimo, pero no puede ser tutelado mediante el control gubernamental de la línea editorial. Cuando el Estado pretende normar el criterio periodístico bajo la amenaza de sanciones sobre las concesiones, las alarmas nacionales e internacionales en materia de libertad de expresión se encienden con justa razón.
Esta discusión cobra una dimensión aún más compleja cuando descendemos al plano local. La realidad territorial de las metrópolis y los estados exige marcos diferenciados que respondan a las dinámicas propias de sus comunidades, y no una camisa de fuerza impuesta desde la centralidad del poder federal. Pretender homogeneizar la labor informativa desconoce las necesidades y especificidades del periodismo local y regional, terminando por limitar la capacidad de respuesta y representación de las audiencias ante sus problemáticas más inmediatas.
Si el gobierno desea fortalecer la democracia, el camino no es la fiscalización de los micrófonos, sino el cumplimiento cabal del mandato constitucional de proteger a las personas en su vida diaria. La libertad de expresión no es una concesión del poder; es la joya más preciada de una sociedad libre y democrática y, como tal, debe ser defendida de cualquier intento de control o censura velada, independientemente de qué partido ocupe el poder en México.