Algunos lectores se han quejado de El Horizonte y esta columna de opinión. Piensan que denunciar y difundir fraudes inmobiliarios o financieros daña la imagen económica de Nuevo León. Es decir, nos hace ver mal a los nuevoleoneses.
Esa preocupación de lectores, con buena o mala fe, confunde por completo el problema con la solución.
Me explico: al dar a conocer estos casos, se fortalece la persecución de delitos de cuello blanco y se protege a más víctimas.
Así me lo reconoció recientemente el fiscal general Javier Flores.
El fiscal me dijo que la publicidad de los casos ha incentivado, no disminuido, las denuncias. Y aquí cabe aclarar que sin denuncia no hay persecución y el delito quedaría impune.
Según la ENVIPE del Inegi, la tasa de fraude en Nuevo León subió 23% el año pasado. Pasamos de 9,348 a 11,503 delitos por cada 100,000 habitantes. Y un porcentaje similar se registra en lo que va del año.
Ese incremento refleja que más afectados se animan a reportar cuando conocen que no están solos. Esto gracias a este medio de comunicación, entre otros actores de la opinión pública.
El fraude inmobiliario y financiero se mantiene como uno de los principales delitos patrimoniales.
Al agrupar los casos en bloques, en lugar de analizarlos de forma aislada, facilitamos entre todos la investigación y motivamos a más víctimas a presentar querellas.
Casos como Proyectos 9 (más de 400 denuncias y daños superiores a $1,000 millones de pesos), Préstamo Feliz (alrededor de $3,000 millones), Trínitas (cerca de $2,500 millones) o Grupo Peak (más de $200 millones) ilustran la magnitud de la bronca que aquí hemos expuesto una y otra vez.
En los últimos años, los fraudes inmobiliarios y financieros en la entidad han generado afectaciones cercanas a $7,400 millones de pesos. Y son estimaciones conservadoras.
Silenciar estos delitos no protege la economía, la debilita. La difusión nuestra ha abierto pie a recuperar activos, disuadir a nuevos operadores y avisar a posibles víctimas.
Que no se nos olvide que una entidad competitiva como Nuevo León se construye con mercados transparentes y con instituciones que investigan en serio.
Así que a leer con cuidado los contratos o contratar asesoría legal. No hay de otra. Pero estas medidas de prevención no sustituyen la acción pública ni la información abierta.
Difundir estos casos defiende a Nuevo León y lo blinda de delincuentes de cuello blanco.
Cada denuncia incentivada reduce el espacio de los delincuentes. ¿La mala imagen de Nuevo León? La generan la impunidad y el silencio.