¿Cuál es la peor anomalía de Proyectos 9 en el mundo inmobiliario de los regiomontanos?
Sin Censura
La corrupción no es un problema moral, es un sistema. Y si uno mira con detenimiento lo que está pasando hoy en el mercado inmobiliario regiomontano, la frase deja de ser una provocación y empieza a sonar como diagnóstico.
Porque esto no es solo un escándalo inmobiliario. Es un montaje donde todos los elementos estaban en el mostrador, pero muy pocos quisieron verlo.
Grábate este nombre: Proyectos 9. Casi 50 años de historia. Un apellido que circulaba con reputación por el ecosistema inmobiliario. Grábate este nombre: José Aurelio Lobatón.
Todo aparentaba la narrativa aspiracional de Monterrey: inversión, verticalidad, éxito y futuro.
Pero después llegaron los números. Y los números, a la larga, no mienten: son más honestos que un spot de venta.
56 denuncias formales. $105 millones de pesos documentados.
Sin embargo, el embrión del mal no estaba en las cifras públicas, sino en lo que se movió por debajo: cientos, quizá miles, de afectados.
Una dimensión humana que ya no cabe en un expediente ni en una carpeta de investigación, pero sí en la realidad.
Ahora bien, hay algo más inquietante que las cifras: el modus operandi.
Departamentos vendidos en preventa hace cinco años. Promesas de entrega entre 2023 y 2026. Proyectos con nombres seductores: Torre LoLa, LaLo, Moca Verde. Y hoy, en muchos casos, lo que hay es silencio, obra detenida o el vacío. La nada también hiere, duele y hiede.
Y aquí formula esta columna la hipótesis más punzante. Algunos medios como este, algunos analistas como quien esto escribe, hablamos de un esquema tipo Ponzi.
Traducido al buen español: el dinero de los nuevos compradores se usaba para sostener la ilusión de los anteriores.
No es una acusación menor. Es, en términos prácticos, decir que el modelo estaba condenado desde el inicio, pero necesitaba seguir creciendo para no colapsar. Hasta que el globo estalla.
El problema no es solo que roben; el problema es que se normalice, se trivialice una mala práctica. La normalidad del mal.
La pregunta no solo es jurídica. Se vuelve sociológica. ¿Cómo se vendieron unidades sin responsabilizar a nadie?
¿Cómo se normalizó entregar millones de pesos sin garantías sólidas?
¿Cómo un esquema así pudo operar durante años sin que nadie, o muy pocos, levantaran la voz de alarma?
Aquí no solo hay responsabilidad empresarial. Hay un entramado de complicidades y víctimas: compradores confiados, autoridades reactivas y una industria que, en algunos casos, vive de vender futuro sin tener presente. Sin cimientos.
Lo peor era previsible: oficinas en San Pedro que cambian de ubicación. Archivos que se retiran en medio del escándalo, familias completas señaladas en denuncias y la autoridad pública que avanza, pero detrás de los hechos.
Audiencias que se acercan. Posibles órdenes de aprehensión. Todo eso suena a justicia en movimiento, pero para quienes perdieron su patrimonio, suena más bien a justicia tardía. En la calle, el otro poder: las víctimas.
Manifestaciones frente a la Fiscalía. Protestas en obras inconclusas. Gente que no está defendiendo una inversión sino su vida, su ahorro, la herencia material para sus hijos.
Porque eso es lo que muchas veces no se entiende: detrás de cada departamento vendido hay un proyecto de vida. Y cuando ese proyecto se cae, no es un activo lo que se pierde, es una expectativa. Un sueño declinado.
Esto no se resuelve solo en tribunales.
No se resuelve con comunicados.
No se resuelve con explicaciones técnicas. Se resuelve cuando alguien paga el costo real de lo que hizo.
Porque, si no, lo que queda es el mensaje más peligroso de todos: que entre regiomontanos se puede prometer, cobrar y no cumplir.
Si vas a invertir, no compres ilusión: compra certeza.
Verifica permisos, escrituras, antecedentes.
No entregues dinero sin garantías jurídicas reales.
Y si ya eres víctima, no te quedes callado. Porque en estos casos, el silencio no es neutral; es parte del negocio para los más vivales.