Doble golpe a los regiomontanos: lo que no se dice del seguro de gastos médicos

Los seguros de gastos médicos en Nuevo León han subido entre un 20% y un 40% en 2026. 

Una familia de cuatro integrantes en Apodaca pasó de pagar $171,000 a más de $207,000 anuales; para mayores de 60 o 65 años, los incrementos superaron el 40 por ciento.  

El primer golpe es la inflación médica —del 12% al 15% anual—, que triplica a la inflación general. Malo el cuento. 

El envejecimiento poblacional e el encarecimiento de insumos importados por el tipo de cambio explican gran parte de la bronca. 

El segundo golpe es el fiscal: el cambio en la Ley de Ingresos 2026 impide a las aseguradoras acreditar el IVA (16%) de las facturas hospitalarias. Ojo: no es que el traslado a la prima sea del 100% a la fuerza. En un mercado regiomontano competitivo, algunas aseguradoras podrán absorber parte del golpe renegociando con hospitales o ajustando márgenes, pero el costo de los reaseguros globales y la siniestralidad dejan poco margen. 

El resultado inevitable es que la mayor parte de ese IVA terminará en el bolsillo del asegurado. Así de simple. Ni modo. 

El problema golpea a la clase media nuevoleonesa —con ingresos de $30,000 a $50,000 pesos mensuales—, que representa entre el 34% y el 42% de los asegurados. 

En Nuevo León, la penetración del seguro privado alcanza el 37%, muy por encima de la media nacional — Oaxaca o Tabasco apenas rebasan el 1%—, de manera que no hablo de un lujo, sino de una forma de protección patrimonial.

Ahora, el riesgo real no es que 14 o 15 millones de asegurados cancelen en masa de un día para otro —eso sería alarmista de mi parte—, sino un fenómeno más peligroso: la selección adversa. 

Si los más jóvenes y sanos, sobre todo en el área metropolitana de Monterrey, empiezan a darse de baja por los precios, la cartera de las aseguradoras se llenará de perfiles de alto riesgo. Eso no solo encarecerá aún más las primas, sino que disparará una presión adicional sobre el sector público. 

Y no especulo: en el IMSS y el ISSSTE hay áreas de alta especialidad con médicos extraordinarios; o sea, el problema no es el talento humano, sino la logística de suministros.

Los escándalos recientes deben doler especialmente aquí, donde aportamos 8% del PIB y somos de los mayores contribuyentes per cápita. 

En abril de 2025, Birmex anuló su mayor licitación por sobreprecios en 175 claves, con un sobrecosto de casi $13,000 millones, y el IMCO reportó que, en 2025, se adjudicaron casi $4,000 millones en contratos a empresas previamente sancionadas. 

¿Qué tiene que ver esto con Nuevo León? Mucho: el Hospital Metropolitano, el Universitario y las clínicas del IMSS en la entidad dependen de esos mismos esquemas de compra consolidada. 

Ver que nuestros impuestos se esfuman en sobreprecios nacionales jode la confianza en la alternativa pública.

Pero no todo es culpa de un solo lado. Si el sector privado sube precios y el público muestra grietas, el regiomontano queda en un callejón sin salida.

Existen iniciativas en el Congreso de la Unión para topes a los aumentos en mayores de 60 años que lleven 20 años pagando su segurp, ligándolos a la inflación general. 

Es un buen paso, pero un tope rígido tiene efectos perversos: las aseguradoras podrían compensar subiendo las primas de los jóvenes o, peor, rechazando cobertura a los ancianos. 

Si queremos que estas ideas funcionen, deben cabildearse para incluir un esquema de compensación, como un fondo de contragarantía estatal, que podría operar desde la Secretaría de Salud de Nuevo León para respaldar a los adultos mayores de la entidad.

La solución de fondo, sin embargo, pasa por atacar la raíz fiscal y logística. 

El SAT o la SHCP podrían emitir un criterio favorable para que el IVA de los hospitales sea acreditable en seguros de gastos médicos o, en su defecto, permitir que las aseguradoras lo trasladen como un costo deducible de manera más ágil. 

El seguro privado no es un lujo; es una herramienta de protección para la clase media. Pero pagar cada vez más por él, mientras el sistema público se debilita por mala gestión y sin que existan mecanismos fiscales para aliviar el costo real, es un doble golpe inaceptable. 

Los regiomontanos nos merecemos algo más que promesas. Ya vimos que ni el Pato Merlín —en quien tanto confiábamos— puede hacer magia.