México enfrenta un enfriamiento económico de pronóstico reservado. Según datos de Bloomberg correspondientes a mayo de 2026, la economía nacional registró una contracción del 0.8% en el primer trimestre respecto al periodo anterior.
A tasa anual, el crecimiento apenas alcanza el 0.8 por ciento. Se trata del frenazo más brusco en décadas.
¿Podremos evitar que la desaceleración nacional nos arrastre al abismo o lograremos convertir la crisis en una oportunidad diferencial?
No se trata de un evento aislado, sino de la convergencia de varios factores que están asfixiando el dinamismo mexicano. Los aranceles estadounidenses al acero y aluminio impactan directamente al sector manufacturero, que cayó 1.1% este trimestre.
La incertidumbre generada desde el gobierno federal —en materia de Estado de derecho y política energética— mantiene al capital privado en modo de espera.
Al mismo tiempo, la inflación se aceleró hasta el 4.59 por ciento. Para contenerla, Banxico ha mantenido altas tasas de interés, encareciendo el crédito y reduciendo el poder adquisitivo.
Como resultado, el sector servicios —motor de la economía mexicana— cayó 0.6 por ciento.
El gobierno federal ha optado por un subejercicio del gasto público que, aunque busca proyectar disciplina fiscal, está dejando a la economía seca de liquidez.
En este caso, creo yo, la ortodoxia fiscal está ganando la batalla en los papeles, pero a costa de frenar el crecimiento real.
Si el PIB vuelve a contraerse, México entraría formalmente en recesión técnica.
En ese escenario, lo que se avecina no es una simple desaceleración, sino la temida estanflación: crecimiento nulo o negativo combinado con inflación persistente.
Las consecuencias serían fuga de capitales, presión sobre el tipo de cambio —hoy artificialmente fuerte— y menor recaudación por exportaciones e IVA.
En Nuevo León no podemos resolver los problemas estructurales de México, pero sí podemos blindarnos y, al mismo tiempo, presionar por cambios de fondo.
A nivel estatal, toca enviar señales claras de certidumbre jurídica y regulatoria, especialmente en el sector energético.
El nearshoring sigue siendo una ventana de oportunidad que nuestro querido estado ha sabido aprovechar; sin embargo, las empresas no se instalarán donde la energía sea cara o la regulación sea impredecible.
A la Federación, Nuevo León debe exigir varias acciones urgentes.
Primero, negociar de inmediato excepciones arancelarias con Estados Unidos, porque sin ellas la manufactura mexicana perderá competitividad estructural.
Luego, Banxico debe acelerar el recorte de tasas de interés, incluso si la inflación aún no alcanza la meta del 3 por ciento.
Finalmente, la presidenta Claudia Sheinbaum debería implantar un recorte drástico al gasto corriente y eliminar los proyectos de infraestructura no rentables.
El objetivo debe ser un superávit fiscal genuino, no simulado mediante subejercicio.
El dinero es más productivo en manos de ciudadanos y empresas que en las arcas de Hacienda.
¿Pienso en un shock fiscal positivo? Sí: reduciendo el Impuesto Sobre la Renta corporativo para incentivar la reinversión de utilidades y la acumulación de capital tecnológico.
La crisis brasileña de 2014-2016 bajo Dilma Rousseff es un ejemplo de lo que no debemos hacer: inflación alta y crecimiento nulo.
Brasil salió del atolladero cuando el gobierno posterior impuso disciplina fiscal y dio certidumbre a los mercados de que no financiaría gasto corriente con más deuda.
En los años 70, Estados Unidos enfrentó una estanflación. Paul Volcker, entonces presidente de la Fed, elevó las tasas de interés hasta el 20% para romper la espiral inflacionaria, aceptando una recesión corta pero necesaria.
Dicho de otro modo, no se puede estimular la demanda cuando la inflación ya está instalada.
México necesita institucionalizar esa disciplina. Propongo crear un Consejo Fiscal Independiente —como el que existe en Chile o el techo de gasto de Brasil— para garantizar que los recursos públicos se destinen exclusivamente a infraestructura productiva —carreteras, puertos, agua— y no a gasto corriente u obras sin rentabilidad demostrada.
¿Nuevo León tiene la fortaleza económica, la capacidad industrial y el liderazgo para exigir un cambio de rumbo? No lo sé. No se trata de envolverse en el lábaro patrio ni de lanzarse desde la cima del Cerro de la Silla.
Se trata de exigir las políticas que México necesita para no caer en la estanflación.
Si logramos que la federación adopte un shock fiscal positivo, disciplina y certidumbre regulatoria, Nuevo León no solo saldrá indemne sino fortalecido. ¿O no?