El gobernador Américo Villarreal Anaya fue al Segundo Informe del alcalde Carlos Víctor Peña Ortiz y soltó una cifra enorme: más de $12,500 millones de pesos invertidos en Reynosa entre 2022 y 2026. Suena a ciudad transformada.
Pero lea la letra chica. De esos $12,500 millones, $10,600 son programas federales para el bienestar. Es decir, pensiones y becas de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo depositadas en tarjetas, no calles ni drenaje.
El propio Peña Ortiz lo confirmó sin querer: agradeció “más de $144 millones” de inversión estatal este año. Ciento cuarenta y cuatro, para la ciudad más grande de Tamaulipas. Además, los proyectos estrella como el gasoducto del libramiento, el Corredor del Golfo, el segundo cuerpo del puente Pharr, ¿qué cree?, son federales o privados, y ninguno está terminado.
Se presume como logro lo que todavía es promesa. Y aquí viene lo bueno: el abrazo. Peña Ortiz no es solo alcalde; es la cara visible del grupo de su madre, la senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, que suena fuerte para la gubernatura en 2028 por el Partido Verde. Así que cuando el gobernador celebra a quien podría heredar su silla por otra vía, no es cortesía: es una negociación en público.
EL QUE SE FUE, FUE EL ESTUDIANTE, NO LOS AGRESORES
Un muchacho de nuevo ingreso entra a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAT, lo golpean en una supuesta novatada y, hoy, el que ya no está en la universidad es él. Los agresores, hasta donde se sabe, siguen inscritos.
El rector Dámaso Anaya Alvarado dijo estar molesto y prometió sanciones “caiga quien caiga”. Pero fíjese en la palabra que repitió: administrativas. Suspensiones, expulsiones, actas. Nada de eso es un delito ante la Fiscalía. Golpear a alguien sí lo es. Y la única señal de que la universidad tocó esa puerta es que la Facultad “colaborará” con las investigaciones.
Colaborar no es denunciar; es esperar. Y el rector habla de reforzar protocolos, como si no existieran. Existen. La pregunta incómoda es quién estaba a cargo ese día, por qué nadie supervisaba y por qué la dirección de la facultad no aparece en la conversación pública. Ahí está el nombre que nadie menciona.
La Defensoría de los Derechos Universitarios investigará. Pero depende de la propia rectoría. Es la UAT investigándose a sí misma, con la víctima ya fuera, sin abogado externo y sin nadie de afuera que empuje el expediente hasta el final. Anaya asegura que los estudiantes “van a estar perfectamente bien cuidados”. A la familia no le alcanzó esa promesa: prefirió irse antes que confiar. Si la universidad de verdad tiene cero tolerancia, ¿por qué el único que salió expulsado hasta hoy es el agredido?
¡¡Yássas!!