Quizá con toda justificación el secretario de Educación de Coahuila, Emanuel Garza, anda mortificado y apurado porque se eche a andar el mecanismo de protección que obligará a las plataformas digitales a restringir el acceso de menores de edad a contenidos violentos.
Y es que, tal como lo hemos venido diciendo desde hace tiempo aquí, la carencia de estrategias locales, la omisión y la parsimonia con la que suele conducirse su dependencia evidencian la falta de ideas para generar políticas públicas que ayuden a prevenir y atacar este tipo de problemas de raíz.
En resumen: no hay control, no hay idea y tampoco una pizca de estrategia para enfrentar asuntos tan sensibles. Así que no le queda de otra al secretario más que aferrarse a lo que otros dicen que van a hacer. Porque sí, se trata de un mecanismo que podría ayudar a disminuir parcialmente la exposición a contenidos violentos, pero por sí solo no resolverá la grave crisis que atraviesa el sistema educativo. ¿Le alcanzará el entendimiento al titular de la SEDU para dimensionar semejante reto?
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La que sigue poniendo el ejemplo en el Congreso de Coahuila a quienes nomás van a calentar la curul es la diputada Luz Elena Morales, quien llevó a discusión y aprobación una iniciativa construida de la mano de un ciudadano.
Dicha propuesta eliminará términos discriminatorios del Código Civil estatal para sustituirlos por conceptos incluyentes y con perspectiva de derechos humanos.
La iniciativa, aprobada por unanimidad, fue presentada en marzo por la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso, Luz Elena Morales, a partir de una investigación realizada por el ciudadano Eric Yafet Marines.
La presidenta no se ha dormido en sus laureles y, desde que se convirtió en la primera mujer en encabezar el Poder Legislativo estatal, ha demostrado capacidad, visión y crecimiento político. Cualidades que la siguen colocando en la lista de posibles aspirantes a la gubernatura en 2029.
¡¡Yássas!!