Secreto (fiscal) a voces

Allá en el siglo XVII, Thomas Hobbes se imaginó al Estado —cuando esa idea aún era novedosa— como un aterrador monstruo bíblico: el Leviatán, cuyos tentáculos —esta imagen ya es mía— se filtraban por las calles, plazas públicas, campos y ciudades, llegando a envolver a todos y cada uno de sus ciudadanos, sofocándolos a veces, dejándolos vivir en otras ocasiones.

La imagen conserva cierta utilidad. El Estado es una entidad casi omnipresente, casi omnisciente. Se puede extender en nuestra vida como una multa, una clausura, una investigación criminal, etc. Y si no sabe nuestros más íntimos secretos, sí conoce nuestra situación tributaria.

El pasado 23 de septiembre se publicó en el Boletín Judicial la Convocatoria para Integrar la Lista Oficial de Peritos para 2027. Concretamente, en su base quinta, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León estableció, como uno de los tantos requisitos para ser perito oficial, estar inscrito en el RFC… y —lo que resulta singular— contar con la opinión positiva del SAT al momento de presentar su solicitud de ingreso o reingreso.

En mi opinión, dicho requisito es una traba sin sentido al ejercicio de la profesión. ¿Qué revela una opinión del SAT sobre la calidad de una traducción o la solidez de un dictamen pericial? El deber de contribuir no convierte los demás derechos en estímulos fiscales. (Mi opinión, por cierto, no requiere ser positiva para emitirse.)

Es verdad que esa convocatoria sólo le interesaría a un puñado de poco más de 500 profesionistas que —he de suponer— son los únicos a los que les concierne su inserción en el directorio oficial del Poder Judicial. Le concedo al lector su desinterés inicial. No obstante, resalto que el requisito de contar con la dichosa opinión positiva es un síntoma de un mal mayor, un tentáculo escurridizo del Estado. 

El secreto fiscal suele entenderse como el deber de la Hacienda de guardar silencio. El artículo 69 del Código Fiscal establece, con diversas excepciones, la reserva de las declaraciones y datos de los contribuyentes. Sin embargo, la protección de la privacidad alcanza más. Comprende el control sobre quién obtiene nuestra información, para qué la utiliza y durante cuánto tiempo la conserva. La intromisión puede comenzar mucho antes de que alguien publique algo.

Recordemos que la opinión es, según la Miscelánea Fiscal, un documento que otorga el SAT sobre nuestra situación tributaria, es decir, si estamos al corriente con nuestras declaraciones y pago de impuestos —opinión positiva— o no —opinión negativa—.

Una opinión del SAT no reproduce toda la contabilidad, pero comunica información atribuible a una persona. Cuando otra autoridad la recibe o emplea para resolver una solicitud, ya está tratando datos personales. La pregunta es qué ley habilita ese uso y qué relación guarda con la función que pretende regular. 

El Leviatán tiene buenas razones para verificar el cumplimiento fiscal de quienes contratan con recursos públicos o reciben determinados subsidios. El artículo 32-D del Código Fiscal establece supuestos para ello. Pero integrar una lista de peritos del Poder Judicial requiere una justificación propia; una convocatoria no puede convertir cualquier dato en información que el ciudadano esté obligado a entregar.

La objeción tampoco desaparece porque sea el interesado quien descargue la opinión y la presente. Si la alternativa consiste en revelarla o quedar fuera del padrón de peritos oficiales, llamar “voluntaria” a la entrega comporta cierta generosidad con las palabras. El Estado debe justificar la intromisión de uno de sus tentáculos para la obtención de los datos, aunque haya conseguido que el ciudadano haga de mensajero.

En Las Palmas de Gran Canaria, un titular de licencia de taxi vio cómo unos datos recabados por la Hacienda terminaban sirviendo para retirársela. El Ayuntamiento había recibido la información para fines tributarios y la aprovechó para revocar justo la licencia. En 2021, el Tribunal Supremo estableció que emplear la información fiscal para esa otra finalidad requería autorización del interesado. Los datos habían llegado; la facultad para usarlos, no.

Casos como el español obligan a examinar la finalidad del uso y las condiciones de la entrega de información fiscal. La confidencialidad pierde buena parte de su sentido si la información queda disponible para cualquier oficina que encuentre conveniente pedirla. También lo pierde si el ciudadano debe renunciar a ella para conservar una oportunidad profesional, sin una razón legal suficiente.

Defender el secreto fiscal exige que la autoridad explique la necesidad de cada intromisión y que los medios de defensa permitan detenerla. De otro modo, algunos derechos seguirán reconocidos en la Constitución y sujetos, en la ventanilla, al humor del funcionario. El Leviatán ya conoce bastante de nosotros. Conviene que también conozca sus límites.