El costo de dinamitar los espacios ganados por las mujeres

La violencia política contra las mujeres en razón de género (VPRG) suele analizarse principalmente a través del prisma del patriarcado tradicional. 

Sin embargo, en la arena política actual presenciamos un fenómeno igual de destructivo, pero menos encarado: los ataques encarnizados y la denostación ejercidos entre las propias mujeres dentro de un mismo movimiento político.

La ley define la VPRG como toda acción u omisión dirigida a una mujer por el hecho de serlo, que menoscabe, anule o afecte sus derechos político-electorales o el desempeño de sus funciones mediante descalificaciones, estereotipos o agresiones a su capacidad y legitimidad.

El reciente proceso interno de Morena deja ver un escenario sui generis e histórico: espacios clave como la Presidencia de la República, la dirigencia nacional del partido, la comisión de elecciones y diversas coordinaciones estatales están hoy encabezados por mujeres. Este ecosistema debería ser el triunfo visible de décadas de lucha por la paridad; sin embargo, el desenlace deja un sabor profundamente amargo. Asistimos a un pleito en el que una aspirante, Tatiana Clouthier, arremetió directamente contra las decisiones de la presidenta del partido y la presidenta de la comisión de elecciones.

Paradójicamente, los liderazgos masculinos mostraron mayor serenidad y respeto hacia el ungimiento de la candidata que resultó ganadora de las encuestas.

En el calor del reclamo, la agresión se extendió hacia otras figuras femeninas. Un caso evidente fue el trato hacia Andrea Chávez, a quien se le descalificó diciendo que la aspirante no favorecida en Nuevo León jamás aceptaría un papelito como el que le dieron a Andrea. Ahí radica la VPRG: la descalificación del mérito en la contienda y de la trayectoria mediante el menoscabo de sus asignaciones. Acto seguido, la acusación de un dedazo para mandarla a Cd. Juárez pretendió anular de tajo un proceso de selección que fue altamente competitivo por la Coordinación de Chihuahua. 

Si trasladamos estas actitudes a la escala del violentómetro, encontramos patrones claros de agresión:

Invisibilización y omisión: No nombrar a la persona de forma deliberada es el primer escalón para restar legitimidad a su presencia y triunfo.

Intimidación, humillación y difamación: Atacar públicamente la autoridad de la dirigencia femenina y señalar fraudes o favoritismos sin pruebas.  

Culpabilización y mentira: Atribuir intenciones oscuras al proceso para justificar la derrota.  

El verdadero peligro de esta conducta es que, al vulnerar a una compañera de contienda, no solo se ataca a una persona, sino que se regala materia prima al machismo para revivir estereotipos de género. 

La paridad no consiste únicamente en exigir espacios, sino en respetar el triunfo de otras mujeres, acatar las reglas del juego democrático y rechazar la denostación como recurso de pataleo. La violencia política de género es condenable siempre, provenga de donde provenga.