En Nuevo León, hay un elefante en la habitación al que nadie de la administración del gobierno del estado quiere mirar. Mientras los recortes de agua se multiplican, las autoridades se empeñan en negar la evidencia de una crisis hídrica cada vez más palpable.
Los testimonios de ciudadanos que llevan días sin suministro de agua nos pintan una realidad más contundente que las palabras del gobernador Samuel García y del director de Agua y Drenaje (AyD), Juan Ignacio Barragán.
Desde 2022, durante la sequía que golpeó al estado, no han cesado los cortes de agua. Vecinos de colonias en San Pedro y García han padecido esta problemática de manera constante, sumándole por supuesto que los recortes se han hecho presentes en diversos municipios. Esta situación se vuelve aún más alarmante cuando se considera que el acceso al agua es un derecho humano básico, reconocido en el artículo 4 de nuestra Constitución.
Las explicaciones dadas por AyD se diluyen como agua entre los dedos. Fallas de válvulas, inundaciones de plantas de bombeo, fugas en el acueducto de la presa Cerro Prieto... se ha convertido en una narrativa repetitiva que parece evitar afrontar la verdadera causa de la crisis.
Mientras tanto, las presas ven bajar su nivel de forma acelerada y las lluvias pronosticadas aún no llegan. Sin embargo, las autoridades parecen depositar toda su fe en la terminación del acueducto El Cuchillo II para el próximo agosto. ¿Pero qué sucede si este tampoco es la solución definitiva?
La Comisión Estatal de Derechos Humanos ha recibido 46 quejas por falta de agua en lo que va de 2022 y este 2023. La CEDH ha solicitado a AyD que garantice el suministro del vital líquido y que informe sobre los horarios de los cortes programados. Sin embargo… ¿Qué utilidad tiene informar sobre cortes si el problema radica en su existencia constante?
La realidad es que esta crisis hídrica requiere un enfoque más honesto y serio. No se puede seguir ignorando el elefante en la habitación.
Se requiere de un plan integral que no sólo trate de reparar el problema actual, sino que también se anticipe a futuros desafíos en un mundo cada vez más marcado por el cambio climático. Y, sobre todo, se necesita transparencia para que los ciudadanos de Nuevo León conozcan la realidad de la situación y puedan tomar medidas para proteger sus derechos.
Sin duda, la administración actual necesita tomar medidas para solucionar este problema crónico. Es imprescindible que el gobierno, junto con AyD, desarrolle e implemente políticas de gestión de agua que sean sostenibles a largo plazo. Un punto de partida crucial podría ser la inversión en infraestructura de agua, la modernización de las plantas de tratamiento y un plan eficiente de mantenimiento preventivo para evitar las “fallas” reiteradas.
El cambio climático, una realidad innegable, plantea retos para la disponibilidad de agua. En este sentido, es fundamental que el gobierno de Nuevo León incorpore una perspectiva de adaptación al cambio climático en su gestión de los recursos hídricos. Esto podría incluir la promoción de la recolección de agua de lluvia, la reutilización de aguas residuales tratadas y la educación pública sobre la conservación del agua.
Además, la transparencia debe ser una prioridad. Las autoridades deben mantener a la población informada sobre el estado real de la crisis hídrica, las acciones que se están tomando para abordarla y, lo más importante, los horarios de los cortes de agua. Las respuestas vagas y evasivas únicamente generarán desconfianza y confusión entre los ciudadanos, entonces es urgente que digan la verdad.
La falta de acceso a agua potable no sólo es una violación de un derecho humano básico, sino que también tiene profundas implicancias en la salud pública, la economía y la vida cotidiana de las personas. Los cortes de agua afectan a los ciudadanos en múltiples niveles, desde la higiene personal hasta la limpieza de hogares y la preparación de alimentos. En el peor de los casos, la falta de agua puede llevar a problemas de salud y aumentar la vulnerabilidad a enfermedades.
En conclusión, es evidente que Nuevo León enfrenta una crisis hídrica y es fundamental que las autoridades reconozcan la gravedad de la situación.
Las soluciones a medias y las promesas incumplidas solamente exacerbarán el problema. Es momento de que la administración estatal tome cartas en el asunto y aplique soluciones efectivas y duraderas, siempre en diálogo y transparencia con la ciudadanía. Porque el agua no es sólo un servicio, es un derecho... Y es hora de que en Nuevo León se respete ese derecho.