El error de creer que Morena es el viejo PRI

En el debate político contemporáneo, afirmar que Morena es la reencarnación del viejo PRI es un lugar común. Quienes sostienen esta tesis argumentan que el oficialismo actual busca reconstruir aquel sistema de partido hegemónico, cuasi único e invencible, dispuesto a retener el poder “por las buenas o por las malas”.

Lo anterior es un error de diagnóstico. Reducir el fenómeno actual a un simple “retorno al pasado priista” impide comprender la naturaleza del régimen que Morena pretende construir. Hacer esto no implica absolver, romantizar ni blanquear al PRI histórico. El viejo PRI acumuló décadas de autoritarismo, corrupción, simulación democrática, control corporativo y abuso del poder. Pero aun así, sería deshonesto negarle su lógica institucional y su vocación de construcción de Estado, que hoy no identificamos en el proyecto de Morena.

Además, es indispensable hacer otra precisión: el PRI institucional del siglo XX no tiene nada que ver con el membrete que hoy conserva ese nombre. El PRI actual es apenas un remedo de partido opositor, desdibujado, carente de tesis política clara y desprovisto de la visión de Estado que alguna vez lo caracterizó.

Aquel PRI histórico emergió de un cambio sistémico brutal: la Revolución Mexicana. A sus élites les correspondió pasar de las armas a las instituciones, de los caudillos regionales a un aparato estatal, de la violencia revolucionaria a una forma centralizada de administración política. La Revolución destruyó el viejo orden; al PRI le tocó organizar el nuevo. Lo hizo mediante mecanismos profundamente cuestionables, pero también mediante la creación de estructuras administrativas, electorales, económicas y jurídicas que dieron estabilidad al Estado mexicano.

El elemento distintivo de aquel régimen fue su capacidad de autolimitación gradual. Cuando la legitimidad revolucionaria se agotó y las presiones democráticas aumentaron, el sistema no optó por una cerrazón, sino por la apertura de espacios de pluralidad política y la creación de mecanismos para limitar al propio poder.

Fue el propio PRI el que impulsó la reforma política de finales de los años setenta; el que aceptó la autonomía de los órganos electorales; el que dio lugar a la judicialización los conflictos político-electorales; y el que finalmente cedió a la alternancia presidencial del año 2000 sin una ruptura institucional. Incluso, en su etapa tecnocrática, entendió la necesidad de otorgar autonomía a ciertos espacios estratégicos —como el Banco de México o diversos organismos técnicos— para limitar la discrecionalidad política del Ejecutivo y dar estabilidad al Estado.

Un ejemplo paradigmático ocurrió durante el sexenio de Zedillo con la reforma judicial de 1994. Esta implicó una recomposición de la Suprema Corte y buscó fortalecer al Poder Judicial, profesionalizarlo y separarlo gradualmente de su subordinación histórica al Ejecutivo. Aquella reforma no buscaba capturar a la Corte, sino liberarla y hacerla un contrapeso real de poder, al contrario de la reforma de Morena al Poder Judicial de 2025.

La ruta de Morena es distinta. No llegó al poder después de una revolución ni de un colapso institucional; llegó gracias a la apertura democrática y al entramado electoral construido durante décadas. Su ascenso fue posible precisamente porque existían árbitros electorales relativamente autónomos, órganos constitucionales independientes, contrapesos judiciales y condiciones de competencia política.

Pero una vez en el poder, la lógica dominante cambió. El problema no es que Morena quiera copiar las acciones del viejo PRI. La cuestión es más profunda: Morena busca reconstruir artificialmente las condiciones que permitieron al PRI ejercer hegemonía política durante décadas, pero sin la lógica institucionalizadora que caracterizó al régimen posrevolucionario. El PRI utilizó su hegemonía como partido para construir y administrar el Estado; Morena la utiliza para construir y garantizar su permanencia en el poder, aun a costa del propio Estado.

Esa diferencia modifica por completo la naturaleza del fenómeno. El PRI histórico concentró poder para estabilizar y cohesionar al país. Morena concentra poder mientras destruye instituciones democráticas, organismos autónomos y mecanismos de control constitucional, debilitando los límites que impedían su captura política a manos de un solo grupo.

Asistimos así a una reconcentración del poder cada vez más homogénea y centralizada, que ya no descansa en un partido institucional complejo, sino en dinámicas de liderazgo personal y subordinación política, a costa de la destrucción de las instituciones que fueron producto de la apertura democrática y sirvieron de pesos y contrapesos del poder.

El PRI, con todos sus excesos y profundas deformaciones autoritarias, terminó construyendo reglas del juego que le permitieron perder el poder sin destruir el sistema que construyó. Morena, por el contrario, parece avanzar hacia una lógica donde los contrapesos son vistos como obstáculos a neutralizar y no como componentes necesarios de una democracia constitucional.

Por eso, afirmar que Morena es una nueva versión del PRI es impreciso y políticamente erróneo; hoy no asistimos al regreso de una dictadura institucional, sino a la consolidación de un modelo personalista y potencialmente destructivo para el equilibrio democrático.