El ‘error de marzo’: ¿Banxico provocará más inflación con recorte de tasas?

El Banco de México sorprendió la semana pasada. No porque nadie hubiera contemplado la posibilidad de un recorte, sino porque lo hizo en el peor momento posible: con la inflación al alza, los precios de alimentos y energéticos presionando y un tipo de cambio que ya mostraba señales de debilidad. En ese contexto, recortar la tasa de interés no es una decisión técnica menor. Es una señal, y una que merece analizarse con cuidado.

La teoría económica dominante es conocida: cuando se recortan tasas, se busca estimular el crédito, el consumo y, en última instancia, el crecimiento económico. Bajo esa lógica, abaratar el dinero debería detonar una dinámica de mayor actividad productiva. El problema es que esa teoría, que guía a prácticamente todos los bancos centrales del mundo, rara vez se cumple en economías como la mexicana.

Aquí, el crédito no es el motor principal del crecimiento. La penetración bancaria es baja, la informalidad domina amplios sectores de la economía y la incertidumbre —regulatoria, fiscal y jurídica— inhibe la inversión. En ese contexto, pensar que un recorte de tasas va a provocar un auge crediticio es ignorar las condiciones reales del país. Los bancos no prestan más porque la tasa baje marginalmente; prestan cuando hay certidumbre, condiciones de crecimiento y confianza en el entorno. Hoy, ninguno de esos factores está plenamente presente.

Ahora bien, conviene aclarar un punto que suele malinterpretarse: contrario a lo que muchos analistas y comentaristas sugieren, un recorte de tasas por sí mismo no es lo que dispara la inflación en México. La inflación en el país responde mucho más a factores estructurales, particularmente al gasto público elevado, al déficit fiscal persistente y a choques en precios clave como energía y alimentos. La transmisión de la política monetaria vía crédito es limitada, por lo que asumir una relación mecánica entre recortes de tasas e inflación resulta, en este caso, simplista.

Sin embargo, que el recorte no sea en sí mismo inflacionario no significa que sea irrelevante. Lo que el mercado está interpretando —y por eso reacciona— es otra cosa: un cambio en las prioridades implícitas del banco central.

El mandato constitucional del Banco de México es claro: preservar el poder adquisitivo de la moneda; es decir, combatir la inflación. No estimular el crecimiento, no facilitar el gasto, no alinearse con objetivos de política económica del gobierno. Pero, en la práctica, lo que empieza a observarse es una institución que ya no parece enfocada exclusivamente en ese objetivo prioritario.

El recorte de tasas se da en un contexto en el que el propio gobierno ha manifestado su interés en que la banca comercial preste más, como se reiteró recientemente en la Convención Bancaria. También ocurre en un momento en que reducir tasas implica abaratar el costo de la deuda pública, disminuyendo los intereses que paga el Estado. Y, por supuesto, se inserta en una economía que lleva años prácticamente estancada y donde el crecimiento sigue siendo débil.

En conjunto, estas señales sugieren que la política monetaria comienza a alinearse —aunque sea parcialmente— con objetivos más amplios: empujar el crédito, aliviar la carga financiera del gobierno y tratar de estimular el crecimiento económico. El problema es que, al hacerlo, se diluye la claridad del objetivo prioritario.

Y eso es lo que el mercado castiga.

Tras el anuncio, el tipo de cambio reaccionó con una depreciación clara del peso. No porque el recorte, por sí solo, genere inflación inmediata, sino porque confirma una percepción más profunda: que el Banco de México podría estar dejando de actuar con independencia estricta en su mandato principal. Cuando esa percepción se instala, la confianza se ajusta y, con ella, el valor de la moneda.

Más allá del tipo de cambio, el impacto más importante se siente en el ahorro. Durante meses, muchos mexicanos encontraron en instrumentos como CETES o fondos de deuda una aparente protección. Las tasas eran atractivas en términos nominales y eso generaba la percepción de que el dinero estaba creciendo de manera segura. Pero, con la inflación repuntando y las tasas comenzando a bajar, ese equilibrio desaparece.

El resultado es un rendimiento real cada vez más reducido e incluso negativo. El dinero crece en cifras, pero pierde valor en términos de poder adquisitivo. Es el espejismo del dinero fiat: números que suben, riqueza que se erosiona.

A esto se suma el efecto fiscal ya mencionado. Tasas más bajas implican menores pagos de intereses por parte del gobierno, lo que libera recursos presupuestales. Pero, en un entorno de gasto elevado, esos recursos no necesariamente se canalizan a inversión productiva, sino a gasto corriente. En la práctica, se reduce el ingreso real del ahorrador para aliviar las finanzas públicas.

Así, la pregunta “¿quién paga la cuenta?” tiene una respuesta clara: la paga quien gana y ahorra en pesos; quien permanece en instrumentos de inversión denominados en moneda nacional sin considerar el efecto inflacionario; quien depende de ingresos fijos; y quien no ajusta su estrategia patrimonial a un entorno que ha cambiado estructuralmente.

El problema de fondo, entonces, no es la manipulación de la tasa de interés en sí misma, sino el entorno en el que se toma esta decisión: un déficit fiscal persistente, una inversión privada debilitada, una informalidad creciente y un marco institucional que genera incertidumbre y, sobre todo, presiona los precios al alza.

En ese contexto, la política monetaria pierde efectividad como herramienta y se convierte en un instrumento cada vez más condicionado por otras variables y, en este caso, al servicio de la política. Un mal síntoma.

Recortar tasas en estas condiciones no resuelve el problema. Lo pospone. Y, al posponerlo, lo encarece.

Por eso, entender lo que está ocurriendo no es un ejercicio académico, sino una necesidad práctica. La inflación no es un fenómeno pasajero en el entorno actual; es una tendencia que probablemente se mantenga durante años. Y, frente a eso, la peor decisión es la inacción.

La mayoría no percibirá de inmediato las implicaciones de este movimiento, pero las sentirá: cuando su dinero alcance para menos, cuando sus rendimientos no compensen la inflación y cuando descubra —demasiado tarde— que el problema no era lo que subía, sino lo que su dinero dejaba de valer.