En cada generación hay debates que parecen técnicos, pero que en realidad son profundamente políticos. El del dinero en efectivo es uno de ellos.
Hoy, en México, vuelve a ponerse sobre la mesa la idea de reducir su uso bajo argumentos que, en apariencia, suenan incuestionables: combatir la informalidad, el lavado de dinero y la corrupción. ¿Quién podría oponerse a eso?
El problema es que ese no es el verdadero debate.
El verdadero debate es si estamos dispuestos a ceder, poco a poco, el control sobre la forma en la que usamos nuestro propio dinero.
Cada vez que se intenta limitar el uso del efectivo, el argumento es el mismo: perseguir a los criminales. Pero hay una contradicción evidente. Las leyes contra el lavado de dinero, el narcotráfico, la corrupción y el financiamiento ilícito ya existen, y, sin embargo, los criminales siguen operando. No necesitan efectivo para hacerlo; de hecho, utilizan estructuras financieras mucho más sofisticadas.
Entonces, ¿a quién terminan afectando realmente estas medidas? A la enorme mayoría de personas que no cometen delitos: a quienes trabajan, generan valor, pagan impuestos y simplemente quieren tener la libertad de decidir cómo pagar.
En México, más del 80 por ciento de las transacciones se realizan en efectivo y casi el 60 por ciento del empleo se encuentra en la informalidad. ¿Es el efectivo la causa de ese fenómeno? No. Es la consecuencia. La informalidad no surge porque exista el efectivo; surge porque el marco institucional hace demasiado costoso operar dentro de la formalidad: cargas fiscales, regulaciones excesivas, rigidez laboral e incertidumbre jurídica.
Mientras eso no cambie, la economía seguirá funcionando —como pueda— fuera del sistema formal. Y el efectivo seguirá siendo su herramienta natural. Pretender eliminar el efectivo para resolver la informalidad es atacar el síntoma, no la causa.
Se está planteando, por ejemplo, avanzar hacia pagos digitales obligatorios en ciertos sectores, como casetas o gasolineras. Puede parecer un cambio menor, incluso lógico. Pero no lo es. Porque cada paso en esa dirección construye un sistema donde todas las transacciones quedan registradas, rastreadas y potencialmente sujetas a intervención.
No se trata de caer en alarmismos, sino de entender la lógica del sistema. Un sistema completamente digitalizado permite saber, en tiempo real, cuánto ganas, en qué gastas y con quién transaccionas. Y, en escenarios extremos, también permite limitar o bloquear ese acceso. El dinero deja de ser un activo bajo tu control absoluto y se convierte en un permiso condicionado.
Mientras en México se discute cómo reducir el uso del efectivo, e incluso se argumenta la intención de eliminarlo poniendo como ejemplo a otros países, se pasa por alto que, en muchas otras economías igualmente desarrolladas, como Japón o Alemania, el efectivo sigue y seguirá siendo una opción totalmente legítima y viable para los consumidores. El caso de Suiza es aún más emblemático: en un referéndum realizado este mismo mes, se decidió elevar a nivel constitucional el uso del efectivo. ¿Por qué? Porque entienden algo fundamental: el efectivo no es solo un medio de pago, es un instrumento de libertad. Es el individuo, y no el gobierno, quien debe decidir su forma de pago.
Hay además una dimensión económica que no se puede ignorar. México enfrenta un problema estructural de bajo crecimiento, alta informalidad y baja penetración del crédito. Pero la solución no pasa por obligar a digitalizar pagos ni por presionar a los bancos a prestar más. Pasa por crear condiciones donde valga la pena invertir, formalizarse y crecer: menor carga regulatoria, menor incertidumbre jurídica, disciplina fiscal y respeto a la propiedad privada.
Sin eso, cualquier intento de “modernizar” el sistema financiero será superficial.
Es fácil vender la idea de que menos efectivo equivale a más modernidad. Pero la historia económica demuestra que no todo avance tecnológico implica necesariamente un avance en libertad. Muchas veces ocurre lo contrario.
El riesgo no es la tecnología en sí. El riesgo es cómo se utiliza. Y, sobre todo, quién la controla.
Eliminar el efectivo no resolverá los problemas estructurales de la economía mexicana, pero sí puede abrir la puerta a un sistema donde el control sobre el dinero —y, por lo tanto, sobre la vida económica de las personas— sea cada vez mayor.
Por eso, este no es un debate técnico. Es un debate sobre libertad.
Y, como todos los debates importantes, no se resuelve con buenas intenciones, sino con claridad de principios.