¿Quién es el político afín a Morena de Nuevo León al que la UIF le congelará pronto sus cuentas?
Sin Censura
Ahora que gestionaba la entrevista con la secretaria de Energía, Luz María González Escobar, en Ciudad de México, me enteraron del congelamiento de cuentas bancarias de la familia del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.
Como ahora ya se sabe, fue una medida cautelar, aplicada de manera preventiva por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y no porque alguno de sus miembros haya sido señalado formalmente como presunto delincuente.
Me fui a comer con un exsecretario de Seguridad Pública de la CDMX y me aclaró que esta medida cautelar puede ser, más bien, para ayudar a Rocha Moya, por extraño que parezca, y para ayudarse a sí mismo el gobierno federal.
¿En qué sentido? Me lo explica el policía: con este tipo de acciones, la UIF busca evitar la posible dispersión de recursos mientras se llevan a cabo investigaciones, sin que ello implique una acusación directa. Pero también sirve para que no se vayan los narcopolíticos a buscar un acuerdo con el Departamento de Justicia de EUA.
El mero congelamiento no equivale a una imputación penal. Es más bien un “estate quieto”.
Le recuerdo a mi amigo el policía que lo mismo pasó con las cuentas de Alfonso Romo y de la casa de bolsa Vector, con sede en Nuevo León.
Sin embargo, con esta medida cautelar el gobierno federal también se protege a sí mismo.
En estos casos tan graves, la UIF aplica el congelamiento para cumplir con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El GAFI mantiene dos listas principales: la “lista gris”, conocida como Jurisdicciones bajo Mayor Monitoreo, y la “lista negra”, llamada Jurisdicciones de Alto Riesgo.
México, como país, nunca ha estado en la lista gris y menos negra del GAFI, pero podría estarlo ahora que se presente la evaluación en junio próximo. Y eso implicaría salirse del circuito financiero y comercial del mundo, como pasa con Irán.
Entrar en la lista gris ya de por sí genera un gravísimo escrutinio internacional, pérdida de confianza de inversionistas, encarecimiento del crédito y complicaciones en transacciones con el exterior.
Obviamente, la lista negra es todavía más dañina, porque provoca sanciones y aislamiento financiero.
Por eso el gobierno mexicano considera prioritario evitar ambas listas: cualquier afectación a la inversión extranjera o al costo del financiamiento lo impactaría directamente. ¿Se va a jugar el riesgo país por un narcopolítico o un financiero imputado por el FinCEN? Por supuesto que no.
Por ejemplo, vendrán nuevas imputaciones del Departamento de Justicia de EUA contra personalidades de Nuevo León, no necesariamente desafectas al oficialismo.
De manera que, si a un político regiomontano la UIF le congela sus cuentas muy pronto, quizá en el fondo es que le están tendiendo un lazo para que se salga del pantano. Eso me lo dijo mi amigo el policía y sé que tiene información de primera mano.