El fracking podría ser el último trago de agua para Nuevo León

En la agenda pública, pocas prioridades superan al agua como pilar fundamental de la vida. 

Por ello, resulta alarmante la reciente apertura del gobierno federal a la fracturación hidráulica (fracking) para extraer gas no convencional, especialmente en regiones con estrés hídrico extremo como Nuevo León y Coahuila.

Ante las críticas, la presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido que esta postura no es un cheque en blanco. Argumenta que su administración está conformando un consejo de expertos para evaluar técnicas “ambientalmente amigables” y realizar estudios de factibilidad que reduzcan el impacto, sugiriendo que la tecnología actual podría ser menos agresiva que la tradicional.

Sin embargo, para quienes habitamos el noreste, esta promesa suena a una utopía técnica. Hablar de fracking aquí no es un debate académico; es una amenaza directa. Esta técnica requiere volúmenes masivos de agua dulce mezclada con químicos tóxicos para fracturar la roca profunda. 

¿De dónde se pretende extraer esa agua cuando la Zona Metropolitana de Monterrey apenas intenta recuperarse de una sequía severa y traumática?

La contradicción es profunda. Mientras nuestra cuenca opera al límite, el Gobierno federal mantiene las entregas de agua a Estados Unidos, afectando a embalses clave, como El Cuchillo, para cumplir con el Tratado Internacional de 1944. 

Si ya estamos comprometiendo nuestras reservas para saldar compromisos transfronterizos, arriesgando el consumo doméstico y los ecosistemas, sumar la demanda hídrica del fracking equivale a acelerar voluntariamente hacia un escenario de colapso.

Frente a esto, las autoridades deben responder preguntas fundamentales: ¿con qué agua pretendemos regar el millón de árboles prometidos en la reforestación estatal? ¿Con qué agua se mantendrán operativos los pozos de la industria alimentaria y del sector productivo? Más aún, ¿con qué agua sobreviviremos los ciudadanos y la biodiversidad cuando llegue el inevitable próximo periodo de sequía?

El gobierno del estado de Nuevo León no puede actuar como espectador frente a decisiones centralistas. La Constitución reconoce el derecho humano al agua como un principio fundamental. 

La autoridad estatal tiene la obligación moral y legal de blindar a la entidad, rechazando cualquier proyecto extractivo que ponga en riesgo nuestra cuenca.

La búsqueda de “tecnologías amigables” no debe convertirse en la coartada para ignorar nuestra realidad climática. El desarrollo energético es deseable, pero jamás a costa del líquido vital para la población. 

Proteger el agua de Nuevo León no es oponerse al progreso; es garantizar la condición mínima para tener un futuro. Es, en esencia, una cuestión de supervivencia.