El Isssteleón, ¿cumple o no cumple?... ¿paga o no paga?

En el tema, ya politizado y llevado a tribunales, de los maestros jubilados de la Sección 50 del SNTE, hay mucha “tela de dónde cortar”. Las ópticas al respeto varían según el ángulo desde el que se mire; por ende, la percepción toma connotaciones de acuerdo con las conveniencias de sus principales actores. Dentro de este grupo tenemos al gobierno de Nuevo León, cuya responsabilidad directa recae en el tesorero estatal debido a que, de conformidad al organigrama del instituto señalado, él es el presidente del Consejo Directivo, muy a pesar de que el instituto tiene un director general ejecutivo.

Lo que ejecute esta institución derivada de los acuerdos a los que llegue el Consejo, que es el máximo órgano de gobierno. Trascendiendo que la Sección 50 del SNTE tiene dos “escaños”, por así decirlo, uno de ellos es el secretario general de la sección; el otro es el secretario de jubilados y pensionados de la misma sección sindical. El tercer actor en general son todos los trabajadores que están enmarcados en este último grupo, liderados básicamente por la maestra Lucilda Pérez Salazar.

El Isssteleón, hoy por hoy, procura la seguridad social de más de 25,000 personas en el tema de la salud, además de sus respectivas familias. De esta cantidad, un poco más del 60% corresponde la atención al magisterio estatal. Dicho organismo fue creado por el entonces gobernador Don Alfonso Martínez Domínguez en 1983, en plena crisis financiera del país en lo referente a la inestabilidad de nuestra moneda contra el dólar estadounidense. Las devaluaciones estaban a todo lo que da. Sin embargo, fue un gran logro. 

¡Muy bien!, una vez explicado y entendido cómo está el teje y maneje respecto a las decisiones del Isssteleón, preguntamos: ¿por qué no les cumplen a los jubilados y pensionados el incremento salarial desde 2024?

El instituto ha declarado en diversas ocasiones que en ninguna parte de la Ley del Isssteleón se sustenta la argumentación de los hoy quejosos; por lo tanto, la ley no asiste a su razón jurídica. En contrapeso, los jubilados expresan que les han cubierto los incrementos de ley a todo este sector de extrabajadores activos, sin excepción, hasta el 2023 (y a petición expresa del secretario general de la Sección 50 en turno). Hasta aquí vamos muy avanzados y sin problema alguno.  

El estira y afloja empieza, precisamente, en 2024, fecha en la que inician las acciones mediáticas y de movilización. En la actualidad, estas protestas van cada vez más subidas de tono, dejando al descubierto que los diálogos para llegar al mejor de los acuerdos han sido vanos y etéreos. Quienes se sumaron a la politización del asunto fueron Waldo Fernández y Judith Díaz, quienes hasta hace poco abanderaron esta demanda de los mentores cuyo trabajo en las aulas de Nuevo León ha sido parte de su vida.

No obstante, la judicialización del asunto está en su apogeo. Asimismo, Lorena de la Garza y Ma. Guadalupe Rodríguez de Anaya, diputadas locales, habían hecho algo similar en el Congreso del Estado, pero vemos que se “apagaron”. Sus razones tendrán.

Entonces y, así las cosas, ¿por qué el Isssteleón no ha cubierto esta obligación salarial desde 2024?

Las voces institucionales “juran y perjuran” que solo pagarán lo demandado si, y solo si, los obliga un tribunal competente y/o el titular del Ejecutivo lo ordena. ¡Alabado sea el Señor! Estamos hablando ya de un poco más de $1,000 millones de pesos, según datos proporcionados por la maestra Lucilda. Cabe otra posibilidad de “salvación”: si los legisladores locales modifican lo contenido en el artículo 16 de la Ley del Isssteleón, la posibilidad del pago llegaría en su conclusión con final feliz. ¡Hay luz en el horizonte!

Una vez descubierto “el hilo negro” de este tema escabroso, preguntamos: ¿por qué tanto legisladores (quienes se supone saben de leyes y reglamentos) como los principales actores políticos no han hecho algo por modificar a esa ley que subsanaría el presente conflicto de intereses? ¡Ya estamos por llegar al cuarto año sin éxito alguno! ¿Habrá algún asesor jurídico en el Congreso federal o local que les conduzca a un final feliz o, de plano, los ignoran porque los docentes no pertenecen a su partido político? Son muchos los cuestionamientos que se generan producto de la incertidumbre en la que se encuentran los jubilados y pensionados de la Sección 50 del SNTE. ¿Nadie se había dado cuenta de que con la modificación del citado artículo se podían arreglar las cosas desde mucho tiempo atrás? ¡Ah qué caray!

Para cerrar la narrativa: lo único seguro es que el próximo gobierno estatal tomará esta “papa caliente”; a ver cómo hace para finiquitarlo. La verdad como es. Se tenía que decir y se dijo. Hasta la próxima.